El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aprueba la consulta popular sobre la posibilidad de enjuiciar a cinco ex mandatarios “yo me deslindo y que cada poder asuma su responsabilidad, en este caso el poder judicial”. Anticipó que plantearía que el artículo 35 constitucional, que establece el derecho del pueblo a ser consultado, “es una simulación, letra muerta” y presentaría una iniciativa de reforma para que no se cancele la democracia participativa.
En la víspera de que la Corte discuta el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que plantea declarar inconstitucional la consulta, López Obrador pidió a los ministros que hoy recojan el sentimiento de la gente, aplicando preguntas. “Si no se puede hacer con el rigor metodológico de una encuesta, que lo hagan con algunas entrevistas, con gente de la calle”.
También, “que tomen en cuenta cómo es que en 15 días, ciudadanos reunieron dos millones de firmas. ¿Qué está indicando este hecho, si se tiene sensibilidad? La gente quiere ser tomada en cuenta, independientemente del tipo de consulta. Es algo inédito”, agregó, que se obtuvieron esas firmas “sin dinero, sin patrocinadores, sin medios de comunicación haciendo promoción, sin la participación de partidos, ni del gobierno. Se corrió la voz y por las redes, y todo mundo ayudando”.
Insistió que estamos ante un hecho muy importante y “ya no se podría hacer una movilización porque la jefa de Gobierno no lo permite por la sana distancia, pero además ya no hay tiempo. Conozco la opinión de mucha gente, si se convocara sería una cosa de muchísima participación porque la gente sí quiere ser tomada en cuenta, no quiere ser ciudadano imaginario”.
Afirmó que lo que ocurrirá mañana en la Corte será muy interesante porque “se va a resolver si se acepta que en los hechos se aplica la democracia participativa”. Los ministros deben definir si “nos quedaremos limitados en la democracia representativa” o realmente damos un paso adelante para que el pueblo en todo momento decida la forma de su gobierno, que es la esencia de la democracia, lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución”.
Es muy sencillo de explicar, sostuvo: “se quiere que el pueblo sólo vote cada tres, cada seis años para tener representantes o se quiere que además el pueblo pueda ser consultado cuando se trate de asuntos trascendentes, de todo aquello que tiene que ver con el interés general”.
Afirmó que esto va más allá “del margen estrecho de la legalidad y no deja de ser legal. Lo aclaro porque está en el artículo 35 constitucional: derecho del pueblo a ser consultado”.
Insistió que si la consulta se aprueba, no significa que con juicios sumarios se va a castigar a los ex presidentes “si se les encuentra culpables. Son procesos, y va a intervenir la Fiscalía (General de la República), los jueces; queremos que se aplique un auténtico Estado de derecho, pero que ya no haya impunidad, que se castigue por igual a todos. Que no haya privilegios”.
El presidente reiteró que “esgrimir que si se lleva a cabo una consulta se violan los derechos humanos de las personas, es un asunto que no debe considerarse como argumento fundamental, porque no hay violación de derechos humanos”.
La pregunta que presente en la solicitud de la consulta, recalcó, establece con mucha claridad que en caso de que el pueblo decida que sean juzgados los ex presidentes “se actúe de conformidad con los procedimientos legales; que se aplique lo que se conoce como el debido proceso. Esto es, que los acusados tengan el derecho a la defensa y que no se les violen sus garantáis. Así de claro”.
Pero “si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta, tendríamos que plantearnos dos cosas: una, ¿para qué está ese artículo en la Constitución, es una simulación, es letra muerta y olvidarnos de eso?, no. Sí diríamos eso, desde luego, pero yo tengo la responsabilidad de buscar que en México haya democracia participativa”.
Mi compromiso, sostuvo, es que se lleven a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos: plebiscito, referéndum, revocación de mandato. Y de inmediato “estaría enviando una iniciativa de reforma al 35 para que no se cancele esta posibilidad”.
López Obrador mencionó que fue muy vergonzoso que en el gobierno anterior, “cuando ha quedado de manifiesto la entrega de sobornos para aprobar la llamada reforma energética”, se solicitó una consulta, y los ministros decidieron que no procedía porque se afectaban las finanzas públicas, cuando lo que sucedió fue exactamente lo contrario con la aprobación de esa reforma: se afectaron las finanzas públicas y se arruinó la industria petrolera y la eléctrica”.
En La Jornada
