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    Una investigación reciente ha revelado la existencia de una presunta red de corrupción que involucra a destacados abogados vinculados en el pasado y la actualidad al Partido Acción Nacional (PAN), así como a jueces y magistrados en Chihuahua, Coahuila y la Ciudad de México. Según fuentes cercanas al caso, este entramado estaría operando para dilatar procesos judiciales con el propósito de favorecer al empresario Miguel Zaragoza Fuentes, principalmente en el litigio que enfrenta con su ex esposa, Evangelina López Guzmán, quien pese a haber ganado un juicio en la Corte de Houston, Texas en 2015, en el que el juez Roy L. Moore le otorgó la mayor parte de las propiedades de Grupo Zeta, que le correspondían por ser la esposa legítima de Miguel Zaragoza Fuentes, no ha recibido ningún bien hasta hoy. Entre los presuntos implicados suenan nombres como Eduardo Romero Ramos, Diego Fernández de Cevallos, Fernando Gómez Mont Urueta y Luis Alfonso Cervantes Muñiz, todos con una larga trayectoria en el ámbito legal, político, y con antecedentes en casos de alto perfil que los vinculan a estrategias para beneficiar a poderosos empresarios. Eduardo Romero Ramos, fue Procurador General de la República durante el gobierno de Vicente Fox de 2000 a 2005, es conocido por haber sido señalado en diversos casos de tráfico de influencias. Su experiencia en el manejo de estructuras judiciales lo posicionaría como una pieza clave en la presunta red de protección a Zaragoza Fuentes, utilizando su conocimiento para frenar la aplicación de la ley mediante recursos legales. Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial del PAN en 1994, es reconocido por su participación en casos controvertidos, como el litigio multimillonario que ganó a favor de un grupo empresarial contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Su habilidad para influir en las altas esferas del Poder Judicial habría sido utilizada para asegurar resoluciones favorables a Miguel Zaragoza, aplicando tácticas dilatorias que han frenado la ejecución de sentencias en su contra. Luis Alfonso Cervantes Muñiz, abogado con estrechos vínculos con la élite empresarial, ha sido identificado en casos donde la defensa de grandes capitales ha generado cuestionamientos sobre la imparcialidad de los procedimientos. Según las investigaciones, su papel en esta red consistiría en coordinar la presentación de recursos legales diseñados para retrasar decisiones judiciales clave en beneficio de Zaragoza Fuentes. Fernando Gómez Mont Urueta, exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón de 2008 a 2010, ha estado involucrado en la defensa de intereses empresariales en casos de alto impacto. Su experiencia en el manejo de conflictos legales y políticos lo habría convertido en un operador estratégico para gestionar contactos con jueces y magistrados, asegurando que las resoluciones se ajustaran a los intereses del empresario. Las investigaciones revelan que esta red habría manipulado plazos procesales, promovido la recusación de jueces incómodos y gestionado fallos favorables a través de contactos en el Poder Judicial, todo con el objetivo de proteger a Miguel Zaragoza Fuentes de las consecuencias legales que enfrenta. En Chihuahua y Coahuila, las autoridades han detectado un patrón de resoluciones judiciales que benefician sistemáticamente a Zaragoza Fuentes, mientras que en la Ciudad de México se investiga la posible intervención de magistrados que habrían contribuido a retrasar la ejecución de sentencias en su contra, además de influir en la decisión de jueces en el norte del país. La revelación de este entramado ha generado preocupación entre organizaciones civiles y especialistas en transparencia, quienes han exigido una investigación exhaustiva para esclarecer la responsabilidad de los implicados y garantizar la autonomía del Poder Judicial. Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron que en breve podría iniciarse una carpeta de investigación para determinar la existencia de posibles delitos y deslindar responsabilidades por este y otros asuntos. Este caso no solo expone los vínculos entre el poder político, empresarial y judicial, sino que también evidencia cómo las redes de corrupción pueden socavar el Estado de derecho, afectando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.  
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