Organizaciones sociales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión coincidieron que durante la contingencia por Covid-19 en México las agresiones contra periodistas aumentaron.
Organizaciones sociales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión coincidieron que durante la contingencia por Covid-19 en México las agresiones contra periodistas aumentaron, principalmente por parte de actores del Estado, además de que se evidenció la falta de condiciones laborales adecuadas para el ejercicio del periodismo en el país.
Entrevistada por El Economista, la directora regional de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, dijo que la pandemia resaltó las persistentes transgresiones a la garantía de la libertad de expresión, así como la falta de corresponsabilidad por parte de los medios y de las autoridades para garantizar la protección y condiciones laborales para comunicadores.
“La mayoría de las agresiones contra periodistas que Artículo 19 documenta durante la cobertura de Covid-19 viene por funcionarios. Se sabe que 43% de las agresiones son cometidas por actores del Estado, pero en tiempos de Covid-19 aumentó a 60 por ciento”.
Dijo que si la violencia contra comunicadores no se ha revertido se debe a que los niveles de impunidad se mantienen en 99 por ciento.
“No hay que olvidar que México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América”, agregó.
Por su parte, el representante del Comité para la Protección a Periodistas en México, Jan-Albert Hootsen, consideró que más allá de evidenciar la violencia contra la libertad de prensa, la pandemia profundizó algunos obstáculos, como la falta de acceso a información precisa y exacta sobre la situación de salud.
“Es un problema que hemos visto de siempre en México, la rendición de cuentas y transparencia por parte del gobierno a los medios; pero por la pandemia vemos que muchas autoridades están utilizando la emergencia como una especie de pretexto para no brindar información”.
Explicó que hasta el momento el Comité para la Protección ha identificado que al menos 15 periodistas y trabajadores de comunicación social han fallecido por Covid-19, mientras que se han contabilizado tres asesinatos en lo que va del año.
Además de las agresiones, aseguró que se ha denunciado que no se cuenta con el equipo de protección ni protocolos adecuados, por lo que se ha puesto en peligro la integridad y salud de quienes ejercen la labor, mientras que la crisis económica ha generado despidos masivos y recortes de sueldos.
Finalmente, opinó que la contingencia podría ser el impulso para cambiar políticas públicas que no funcionan, y ejemplificó que si se han identificado fallas en el fideicomiso para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se deben de atender, más no dejar en desprotección a estos grupos.
“Se tiene una deuda enorme con el tema de protección, impunidad y prevención de violencia, que con o sin contingencia es algo urgente que se debe resolver”.
En El Economista
