Las investigaciones sobre el cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, el caso del colapso de la Línea 12 del Metro y el incremento de vinculaciones a proceso de presuntos feminicidas, son los temas relevantes que han marcado la gestión de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La decisión de su ratificación en ese cargo está ahora en la incertidumbre, en manos del Congreso de la Ciudad de México, cuya mayoría de Morena y sus aliados impuso una reforma legal conocida como “la ley Godoy” para facilitarle su permanencia en el puesto.
Corrupción Inmobiliaria
La explosión de un departamento en un edificio ubicado en la avenida Coyoacán fue el inicio de una investigación sobre la corrupción en materia de bienes inmuebles y en la que presuntamente hay el involucramiento de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez.
Cuando el personal de la FGJCM comenzó la averiguación por ese incidente, descubrió que ese inmueble recibió la manifestación de construcción y el dictamen de habitabilidad durante la gestión de Nicias N, quien ocupó el cargo de director general de Obras y Desarrollo Urbano en esa demarcación.
Las indagatorias continuaron y la fiscalía informó que esa persona era dueño de dos departamentos en ese edificio siniestrado, los cuales le entregaron como contraprestación a cambio de las facilidades que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, en muchos casos, afirmó, irregulares.
Hasta el momento, las propiedades aseguradas involucrados en esa seria de anomalías suman 60, en las cuales hay construcciones, habilitaciones o adquiridas bajo el amparo de la ilegalidad y la inmoralidad.
Además, Nicias N aceptó el procedimiento abreviado por lo que lo sentenciaron a tres años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito; mientras que Christian Von N, exdiputado local y exjefe delegacional de Benito Juárez, actualmente está bajo proceso por el delito de uso ilegal de atribuciones.
Línea 12 del Metro
Un tramo de la Línea 12 del Metro ubicada entre las estaciones Tezonco y Los Olivos colapsó el 3 de mayo de 2021, lo que provocó la muerte de 26 personas y la conclusión de las investigaciones emprendidas por la FGJCM fue que el derrumbe tuvo su origen en el diseño y su construcción.
Al cumplirse un año de la tragedia, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que optó por lograr una justicia restaurativa para las víctimas, luego de que las empresas relacionadas con la edificación de esa obra firmaron un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México para reparar el tramo elevado de ese medio de transporte.
Teófilo Benítez, defensor de 11 sobrevivientes del derrumbe, mantiene su crítica en contra de la fiscal, porque en ningún momento citó para declarar a Florencia Serranía, la directora del Sistema de Transporte Colectivo en el momento que ocurrió la tragedia; y también no quiere fincar responsabilidades a las empresas constructoras, entre ellas Carso.
En su comparecencia ante el Consejo Judicial Ciudadano, Ernestina Godoy defendió su actuación en este caso y que prefirió llegar a acuerdos reparatorios, los cuales, aseguró, se pactaron con base en los lineamientos internacionales de lo que significa una reparación integral del daño y no es, alegó, solamente el tema de “toma este cheque”, porque hay que dar trabajo, casa y atención médica de por vida.
La fiscal informó que al momento hay 10 personas imputadas en proceso en los tribunales por este caso, entre ellos el director del proyecto, Enrique Horcasitas; que 111 afectados ya aceptaron los convenios de reparación del daño, sin que tengan que seguir un largo proceso.
“No es solamente lo punitivo, es mejor que esté reparando toda la Línea 12 para la ciudad, es mejor que le hayamos otorgado esa reparación integral a las víctimas, que estar en procesos desgastantes para las víctimas, que es lo que están prometiendo asesores jurídicos para 11 personas, pero es privilegiar acuerdos reparatorios, las salidas alternas, procedimientos abreviados y las suspensiones incluso”, manifestó Godoy Ramos.
Feminicidios
En este renglón, la fiscal general de Justicia local lleva adelante varias acciones, una de ellas es la creación en 2021 del Atlas de Feminicidios en la Ciudad de México con una actualización mensual y que para septiembre de este año daba cuenta de 42 casos de este tipo, mientras que en 2022 fueron 75.
Sin embargo, en cinco asuntos registrados este 2023 e igual número correspondientes al año pasado, las víctimas denunciaron previamente la violencia cometida por sus agresores y terminaron asesinadas.
Las cifras de la FGJCM en esta materia, proporcionadas por Sayuri Herrera Román, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, son que de los 42 feminicidios cometidos este año en 32 casos hay personas vinculadas a proceso, es decir un 76 por ciento, y en otros cinco ya existen órdenes de aprehensión pendientes de cumplir y que dos de los imputados se quitaron la vida después de que lo hicieron con sus víctimas.
Ernestina Godoy Ramos, titular de esa institución, completó la información con los siguientes datos, hasta ahora 418 personas tienen vinculación a proceso por feminicidio y 138 responsables ya recibieron sentencia.
“El delito de feminicidio en esta ciudad ha disminuido en un 37 por ciento, en otros años, en este corte al periodo del 15 de septiembre, teníamos un mayor número de feminicidios; ha disminuido gracias al Decreto por Violencia de Alerta de Género en la Ciudad de México del 25 de noviembre de 2019 con 13 medidas que esta ciudad debía cumplir, entre ellas la creación y consolidación de la Fiscalía de Feminicidios y a raíz de eso efectivamente se ha disminuido”, concluyó Herrera Román.
