La guerra del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Morena no tiene límites. El bloque conservador de la autoridad electoral busca cualquier pretexto para afectar al partido mayoritario. En lugar de blindar las elecciones en contra de la intromisión de dinero irregular en las campañas, los consejeros prefieren simular su supuesto compromiso con la legalidad golpeando la mesa sin motivo alguno y aplicando sanciones a diestra y siniestra sin investigaciones sólidas que las sustenten.
Si el INE estuviera realmente comprometido con la fiscalización de las campañas políticas, hubiera emprendido una investigación exhaustiva del origen y el destino de los recursos utilizados en las campañas presidenciales de 2012 y 2018. Tanto el costoso “Operativo Berlin”, supuestamente financiado por Agustín Coppel, Alejandro Ramírez y Germán Larrea, como los millones de llamadas telefónicas con propaganda negra realizadas durante la elección de 2018 siguen totalmente impunes, entre múltiples otras irregularidades cometidas durante aquel proceso electoral.
Tampoco se ha investigado ni sancionado las graves violaciones a la normatividad electoral durante la campaña presidencial de 2012. Emilio Lozoya ha denunciado la canalización ilegal de por lo menos 5 millones de dólares por filiales de Odebrecht a la operación electoral de Enrique Peña Nieto. La Comisión Monex de la Cámara de Diputados documentó que el candidato del PRI rebasó el tope de gasto de campaña por 14 veces.
Pero la elección presidencial de 2012 no fue la única ocasión en que el PRI burló la ley. También existen evidencias contundentes con respecto a la operación de fraudes en los casos de la elección para gobernador de Veracruz en 2010 con Javier Duarte, y las elecciones estatales en Chihuahua en 2016 desde las oficinas de César Duarte, así como en Coahuila y el Estado de México en 2017, entre muchos otros casos. Tal y como ya hemos comentado en estas mismas páginas, el INE tendría que iniciar una investigación integral dirigida hacia la posible cancelación del registro del PRI por violaciones “graves” y “sistemáticas” a la normatividad electoral desde hace más de una década.
Ahora bien, en el caso de la reciente cancelación de docenas de candidaturas de Morena y partidos aliados, es totalmente falso que el INE haya aplicado la ley de manera “estricta”. El artículo 229, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) indica que los “precandidatos” están obligados a presentar sus “informes de precampaña” para poder registrarse como candidatos. Sin embargo, Morena no realizó “precampaña” alguna para determinar a ninguno de sus candidatos. Adicionalmente, de manera ad cautelum, “por si acaso”, el partido sí presentó finalmente un informe sobre la ausencia de gastos en esas no campañas.
Las encuestas realizadas por Morena para designar a los “Defensores de la Cuarta Transformación” en cada entidad de ninguna manera se pueden equiparar a una “precampaña”, ya que los supuestos precandidatos jamás fueron notificados con respecto a su posible inclusión en los ejercicios demoscópicos ni informados sobre el lugar o la hora en que se aplicarían. En el caso de Guerrero, por ejemplo, se aplicaron tres diferentes encuestas en momentos distintos, cada una con una lista diferente de aspirantes y ninguna divulgada al público en general.
Ni los aspirantes ni los militantes del partido jugaron papel alguno dentro de estos procesos de selección. Y el universo de encuestados en ningún caso se limitó a los militantes de Morena, sino que los sondeos buscaban recoger la opinión pública de la población en general. En suma, Morena no eligió a sus candidatos de manera democrática o transparente a partir de la participación de los aspirantes como “precandidatos” o el concurso de la militancia como “votantes” o “encuestados”, sino que designó a sus abanderados de manera unilateral con decisiones estrictamente cupulares a partir del levantamiento y estudio de ejercicios demoscópicos secretos.
Llamar “precampaña” a un proceso de esta naturaleza, y “gastos de precampaña” a las publicaciones en redes sociales de las diversas personas que aspiraban a ser favorecidas con la decisión de la cúpula de Morena, es una exageración que no tiene relación alguna con la realidad.
Recordemos que el año pasado los mismos consejeros se negaron a regular o investigar los gastos ejercidos por los diferentes participantes en la encuesta conducida por el mismo INE para determinar la nueva dirigencia de Morena, ya que según los consejeros no se encontraban frente a un “proceso electivo” sino de un proceso de “designación” mediante la realización de encuestas.
Pero lo que les importan a los funcionarios electorales actuales no es la congruencia sino atacar a Morena a toda costa. Tal y como lo hicieron la semana pasada con la fabricación del concepto de “afiliación efectiva”, hoy los consejeros de nuevo recurren a una creatividad desbordada al inventar la existencia de supuestas “precampañas” de Morena, todo con el fin de echarle la mano a sus amigos y socios del Bloque Opositor Amplio (BOA).
Es importante señalar que el INE no encontró la existencia de financiamiento irregular alguno ni el rebase a topes de gasto durante los procesos internos de Morena. La única falta del partido y de sus candidatos fue que no anticiparon que el INE iba a fabricar la realidad alterna de la existencia de supuestas “precampañas”. Es decir, el INE castiga a los candidatos de Morena porque no acomodaron sus actos a las fantasías futuras de los funcionarios electorales sino a la realidad tal y como ellos la vivieron en el momento.
Pero quizás lo más indignante es que los consejeros hayan decidido calificar esta supuesta falta como de “grave especial” y, por ello, recurrido al extremo de cancelar totalmente los registros correspondientes. Los mismos consejeros electorales que durante años se han hecho de la vista gorda frente a las graves irregularidades cometidas por el PRIANRD, hoy tuercen la ley con el fin de lastimar a Morena.
La ciudadanía no debería quedarse callada frente a este tipo de abusos de poder de parte de quienes supuestamente deben fungir como guardianes de la democracia.
En La Jornada
