El juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales de Almoloya, estado de México, desechó un juicio de amparo que promovió Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH), en la actualidad preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, acusado por delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal.
En su demanda, Sosa Castelán pretendía desacreditar las declaraciones de Oscar Pacheco Medina, testigo clave y colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizó en la videoaudiencia del pasado 12 de febrero.
La defensa del ex rector de la UAEH intentó echar abajo el testimonio al argumentar que la audiencia de prueba vía remota se llevó a cabo de manera anticipada.
Según las indagatorias, Pacheco Medina fue por muchos años operador financiero y socio de Gerardo Sosa Castelán y sus declaraciones fueron determinantes para lograr su captura en agosto del año pasado y posteriormente puesto a disposición de un juez de control, quien lo vinculó a proceso por dichos delitos.
De acuerdo con el fallo del juez sexto en materia de amparo, rechazó el recurso que se presentó vía electrónica, porque carecía de la firma de Sosa Castelán.
“En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la Firel del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria” señala el resolutivo.
En septiembre de 2020, un juez de control del Centro de Justicia Penal del Altiplano, en estado de México, vinculó a proceso a Gerardo Sosa Castelán y tres coacusados por los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.
En La Jornada
