Ciudad de México. Si bien la siembra de maíz transgénico está prohibida desde 2013 por orden judicial, un aspecto relevante del decreto presidencial que restringe esta actividad es que además de impedir la liberación al ambiente de nuevas semillas, se ordena revocar las autorizaciones para uso de grano de maíz transgénico en la alimentación, destacaron especialistas de las organizaciones Semillas de Vida y Greenpeace.
En entrevista, Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace, señaló que el artículo sexto del decreto es un “punto muy importante”, porque si bien “el primer párrafo dice que ya no se darán permisos para la liberación del maíz transgénico –eso significa que ya no se puede sembrar–, ahora lo interesante es que en un segundo mencionan que se abstendrán de otorgar las autorizaciones para el uso del maíz transgénico en la alimentación de las personas, de los mexicanos”.
De ahí la relevancia, porque “actualmente en los productos que consumimos sí se permite (el uso de maíz transgénico). Es algo muy complejo porque ahora no hay etiquetado en los alimentos transgénicos. Se tendrían que armar las políticas públicas necesarias y de regulación para hacer esto realidad, y aunque ahora tenemos la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, no viene ese punto y se tendría que revisar para poder incluir algunos puntos que se deben modificar”, destacó.
Por su parte, Malin Jönsson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, señaló que es “imprescindible un desarrollo integral de un nuevo modelo agroalimentario sustentable con alimentos campesinos para todos. Estamos a favor de una tecnología que no ponga en riesgo la agrobiodiversidad, ni la salud de los mexicanos y tampoco amenace el futuro de nuestra alimentación”.
La publicación del decreto, que también elimina de manera gradual el uso del glifosato en México, es “bastante pertinente”; un primer paso que va a dar pauta para otras políticas públicas y avanzar en la seguridad y autosuficiencia alimentaria, indicaron.
Sin embargo, en este periodo de transición –que deberá concretarse el 31 de enero de 2024- las organizaciones civiles se mantendrán vigilantes de que la legislación se cumpla, implemente y no quede en papel. “Llevarlo a la realidad será un reto”, subrayó Malin Jönsson.
En La Jornada
