Personas buscadoras de personas desaparecidas pidieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno mexicano las reconozca como defensoras de derechos humanos, con el fin de que les otorgue mayor protección ante los riesgos que enfrentan.
Asimismo, exigieron que el Estado mexicano reconozca que los riesgos que enfrentan están asociados a su labor de búsqueda.
Durante audiencia pública en la CIDH, familiares de personas ausentes y organizaciones denunciaron que desde 2010 se han asesinado a más de 20 buscadores, de los cuales 15 ocurrieron en el actual sexenio.
“Todos estos casos permanecen en la impunidad”, lamentó Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.
Sandoval señaló que se han implementado “políticas regresivas” que “abonan a perpetuar los riesgos” de buscadoras y advirtió que ninguno de los mecanismos están garantizando realmente la seguridad de los familiares de personas ausentes.
A su vez, Bibiana Mendoza, que busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete, desaparecido desde 2018, aseguró que el gobierno les ha negado protección, al tiempo que denunció que en algunos casos son las propias autoridades quienes les agreden.
También recalcó que las regiones en las que buscan se ha registrado la presencia de grupos criminales y el narcotráfico, lo que también las pone en riesgo.
Finalmente, denunció que el censo de desaparecidos que implementó que Gobierno Federal es violatorio de las leyes y protocolos en la materia, ya que dicho ejercicio ha sido cuestionado por organizaciones y familiares.
“Con este censo lo que se propone es reducir la cifra de personas desaparecidas y es absurdo que de esta manera el Estado mexicano diga que está buscando a nuestros familiares, cuando la realidad es que nuestro país es una fosca clandestina”, lamentó.
A la audiencia también acudieron los buscadores Javier Barajas, miembro del colectivo Ángeles de Pie por Tí, y Alejandra Martínez, integrante del colectivo Por las Voces sin Justicia en Sinaloa, quienes relataron casos en los que se ha asesinado a familiares que buscaban a sus seres queridos.
Ante los cuestionamientos, el Gobierno Mexicano argumentó que ha implementado medidas de protección y sostuvo que personas buscadoras han sido incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sin embargo, no aclaró si son consideradas como defensoras de derechos humanos, pese a los cuestionamientos de la CIDH.
A su vez, Jesús Peña, representante Adjunto y Oficial a Cargo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que, de 2019 a la fecha, al menos 9 mujeres han sido asesinadas en represalia por sus actividades de búsqueda.
Advirtió que muchas madres buscadoras han sufrido otras agresiones, pero la mayoría de los casos permanecen en la impunidad. Asimismo, aseveró que la situación de violencia e impunidad en el país ha llevado a las mujeres a hacer llamados a grupos criminales para que no las agredan.
Ante esto, los familiares y organizaciones solicitaron a la CIDH que pida al Estado mexicano reconocer a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, así como que sus riesgos están asociados a su labor de búsqueda.
También exigen que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de a conocer cuántos buscadores han solicitado medidas de protección, cuántas han sido otorgadas y cuántas han sido rechazadas.
Finalmente, pidieron una visita de la CIDH a México para dar atención al tema y a la relatoría que revise las peticiones individuales.
