Piden protección 237 funcionarios por enfrentar riesgos durante sus funciones.
“Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba”, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la presentación de su tercer informe de labores, afirmó que los casos de corrupción que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro.
En el Informe de labores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se detalló que derivado del trámite de los procedimientos de responsabilidad administrativa se impusieron 55 sanciones (en los casos graves, la destitución e inhabilitación) a servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales: tres magistradas y ocho magistrados de Circuito; 15 jueces de Distrito; tres secretarios de Tribunal; siete secretarios de Juzgado; una secretaria encargada del despacho en funciones de jueza; cinco actuarios Judiciales; cinco oficiales Administrativos, siete oficiales de Servicios y Mantenimiento y un auxiliar de Servicios Generales.
Paridad de género
Por otro lado, el ministro presidente resaltó que los cambios más profundos en el poder Judicial son en materia de igualdad de género. Recordó que las mujeres han sido históricamente discriminadas en todos los ámbitos de la sociedad.
Asimismo, resaltó que durante su último año de gestión se han dados pasos para desterrar cualquier forma de violencia, discriminación; acoso y el hostigamiento hacia las mujeres, mediante la implementamos políticas estructurales en tres ejes: transformar el entorno laboral; segundo, juzgar y defender con perspectiva de género y tercero, alcanzar una integración paritaria.
Protección
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió en el último año 237 peticiones de medidas para garantizar y preservar la independencia e imparcialidad de servidores públicos que enfrentan situaciones de riesgo con motivo del ejercicio de su función, y de los cuales atendió 60 de manera inmediata al tratarse de personal de los Centros de Justicia Penal Federal como jueces y magistrados.
En el informe del PJF, que presentó ayer Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se detalló que la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) atendió 237 asuntos en materia de seguridad que se analizaron con la finalidad de proveer medidas de apoyo, que garanticen y preserven la independencia e imparcialidad de los servidores públicos que enfrenten situaciones de riesgo con motivo del ejercicio de su función.
“Sumando un total de 153 asuntos relacionados con las citadas medidas de apoyo a servidoras y servidores públicos y 84 relativas a diversos asuntos. Se implementaron acciones integrales a fin de mitigar los riesgos derivados de los eventos de violencia presentados en el territorio nacional, generando con ello condiciones de seguridad preventivas y proactivas para asegurar el óptimo funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el país, y resguardar la vida e integridad de las y los servidores públicos”, detalló el informe.
Mencionó que se establecieron líneas de comunicación directas y permanentes con juzgadores.
“Se atendieron de manera inmediata 60 peticiones presentadas electrónicamente vinculadas a la seguridad de servidoras y servidores públicos, principalmente de las y los adscritos a los Centros de Justicia Penal Federal”, apuntó el informe.
El PJF tendrá el próximo año una partida por 844 millones de pesos, a fin de garantizar la seguridad de jueces y magistrados que han sido amenazados, o su vida corre algún riesgo.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ha evitado proporcionar la estadística sobre juzgadores que cuentan actualmente con una medida de protección.
“Por razones de seguridad nunca daré públicamente ningún comentario ni dato sobre la seguridad de jueces y juezas, ni siquiera cifras”, afirmó el 12 de septiembre pasado.
FUENTE: El Economista
