Desde la Secretaría de Gobernación (SG) se pronunció en tzotzil y en español el reconocimiento del Estado mexicano por su responsabilidad en la masacre de Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, con saldo de 45 muertos y 26 heridos. Los representantes de las víctimas se manifestaron a favor de que se lleve a juicio a los expresidentes, en particular a Ernesto Zedillo, gobernante en el periodo en que ocurrió esta tragedia.
El Acuerdo de Solución Amistosa fue firmado luego de que la representación del Estado ofreció disculpas y admitió que el ataque fue perpetrado por “grupos paramilitares con la complacencia de las autoridades”, en el contexto de un “Estado anquilosado”.
El documento titulado «Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros. Masacre de Acteal» prevé, entre distintos compromisos, la realización de un documental para relatar los hechos y, en la reparación del daño, hay una compensación económica, la más alta en los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia en la que se interpuso la demanda en 2005.
El acuerdo firmado este jueves en el Salón Revolución de la SG incluye a 18 víctimas fallecidas y 12 de sobrevivientes, por lo que se indicó quedan a salvo los derechos de quienes esperan la resolución a fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A nombre de las víctimas involucrados en esta resolución habló Fernando Luna Pérez, quien subrayó que la masacre fue un crimen de lesa humanidad y pidió juicio para los autores intelectuales que implementaron la estrategia de insurgencia, esto es, dijo, los gobiernos en turno, encabezados por el presidente Zedillo.
Destacó que su lucha por termina hoy porque es necesario llevar a juicio a los autores de la masacre, de los tres niveles de gobierno.
Señaló que más allá de la consulta ciudadana que actualmente se promueve a nivel nacional en ese sentido, sí se debe juzgar a los mandatarios anteriores.
“Desde el principio dijimos ‘ya hemos perdonado a los asesinos’ porque no vengamos la muerte de 45 hermanos, pero eso no significa olvido, es decir, nunca consideramos como una solución hacer justicia con nuestras propias manos.
“Aceptamos esta disculpa porque esta administración no solo reconoce que el Estado mexicano fue incapaz de garantizar y proveer la vida y al seguridad de la población de Acteal, como sostuvieron en 2015 en la audiencia de fondo del caso, los representantes del Estado mexicano en la administración de Enrique Peña Nieto sino además reconoció y asumió una responsabilidad por acción que los paramilitares perpetraron con la acción y omisión de las autoridades mexicanas.
“Exigimos que así sea, que se cumpla, se investigue y se lleve a juicio a Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México y toda su cadena de mando, señalándolos de autores intelectuales durante estos 22 años de lucha por la masacre de Acteal”, dijo Luna Pérez.
Lo anterior, destacó, porque hacer justicia desde el más alto nivel de gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos.
Al acto asistieron en representación del grupo de las víctimas, Roselia Pérez Luna y Vicente Luna Ruiz y, en videoconferencia, la comisionada y relatora para México de la CIDH, Esperalda Arosamena.
Correspondió a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, hacer el reconocimiento oficial y manifestó su deseo de que nunca más ocurra otro Acteal en el país.
“Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo Tzotzil por este profundo agravio. Lo hacemos con convicción y sin condiciones; lo hacemos porque las negligencias y omisiones del Estado mexicano arrancó la esperanza a 45 personas indígenas tzotziles y a sus familias.
“Asumo a nombre del Estado mexicano el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la violación de derechos humanos fundamentales y ofrezco una disculpa pública a la comunidad de Acteal por los hechos de violencia que dieron lugar a esta masacre”, dijo.
Asumo – prosiguió Encinas- la responsabilidad del Estado y ofrezco una disculpa por este suceso doloso e indolente, expresión de un Estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad que pretendió ocultar esta tragedia, alternando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas.
“Asumo la responsabilidad del Estado en reconocer la verdad de los hechos, en atender la demanda de procuración de justicia, de reparar integralmente a las víctimas y generar las condiciones para la reconciliación y la paz en esta importante región del país”, señaló.
El reconocimiento, señaló el subsecretario Encinas, es punto de partida para que junto con toda la comunidad Acteal y las comunidades indígenas de Chiapas, avancemos en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad en esta entidad.
Hizo un llamado a todas las víctimas de Acteal y a todas las comunidades indígenas de Chiapas “para avanzar en este reencuentro”.
Hoy culmina, indicó, este proceso de diálogo con la firma de este acuerdo de solución amistosa donde se manifiesta la suma de voluntades para reconocer la responsabilidad del Estado mexicano tanto la aceptación de medidas de reparación tanto a nivel individual y colectivo.
El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad Acteal fueron ejecutados 45 indígenas tzotziles entre los que se hallaban 4 mujeres embarazadas y 18 menores de edad.
La subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la cancillería, Marta Delgado, dijo que a la fecha México ha firmado 32 acuerdos de solución amistosa, y el de Acteal es el número 33, de los cuales 12 están totalmente cumplidos.
El de hoy, explicó, pondrá fin al proceso litigioso ante la CIDH en el marco de la convención americana sobre derechos humanos. El acuerdo es muy claro, destacó, y consiste en que el Estado reconozca su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en esa época.
En esta administración, añadió, el Estado mexicano ha tenido como prioridad la celebración de acuerdos de este tipo, los cuales son de suma importancia para reparar con acciones precisas a las personas que fueron víctimas de actos de gobierno de otras épocas e indignaron a toda la comunidad en Chiapas, en México y alrededor de todo el mundo.
Las herramientas para este cumplimiento es el fideicomiso para asuntos de derechos humanos y una ley general de víctimas, para la reparación integral del daño causado, incluyendo el reconocimiento de responsabilidad, acciones de compensación económica, rehabilitación y garantía de no repetición, como acción positiva del Estado.
Se elaborará un análisis contextual de las investigaciones del caso y se va a trabajar en un plan de capacitación para fortalecer la fiscalía que se encarga de la investigación de estos asuntos; también se hará una obra creativa y la elaboración de un documental que recopile la historia de esta terrible masacre y de la búsqueda de justicia, a fin de preservar la memoria.
Igualmente hay medidas de reconstrucción comunitaria de Acteal y zonas vecinas.
«El gobierno federal subraya su compromiso y su cumplimiento», añadió.
Por el gobierno de Chiapas tomó la palabra Ismael Brito, secretario de Gobierno de la entidad, quien mencionó que el origen de la masacre, a manos de un grupo de cien personas, fue por la añeja disputa de tierra y por intolerancia religiosa y política.
Asistieron también Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el embajador de Canadá en México, y el titular de derechos humanos de la SG, Aarón Mastache.
En La Jornada
