Ciudad de México. Diversas organizaciones civiles discreparon del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló en su segundo Informe de Gobierno que las violaciones de derechos humanos han disminuido, y alertaron que en el país sigue viviéndose un situación de crisis humanitaria.
En un mensaje en redes sociales, Amnistía Internacional México (AI) subrayó que “es falso que ‘ya no hay torturas, desapariciones ni masacres’”, al recordar que del 1 de diciembre de 2018 a la fecha se han registrado 11 mil 653 personas desaparecidas y no localizadas.
De igual manera, señaló que los feminicidios no han disminuido, pues entre enero y julio de este año hubo 566, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Lo anterior significa un aumento de 5.4 por ciento con respecto a 2019 (536 casos) y de 9.6 con respecto a 2018 (516).
En su mensaje, la organización manifestó su preocupación de que se continúe estigmatizando a los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente y subrayó que calificativos como seudoecologistas “no tienen cabida en un estado de derecho en donde las personas tienen plena potestad de manifestar su opinión y reclamar a las autoridades”.
AI recalcó que “para poder lograr un cambio sustancial en derechos humanos, el gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendiente en la materia”.
Por su parte, el abogado y activista José Antonio Guevara alertó que López Obrador parece estar “en una fase de negación de las violaciones de derechos humanos, lo cual lo hace un gobernante similar a los de las dos administraciones pasadas. El Presidente está reaccionando de la misma forma: negando la existencia de abusos y haciendo afirmaciones mentirosas sobre la inexistencia de la impunidad”.
Anayali Pérez Garrido, directora de la organización Justicia Pro Persona, consideró que aunque ha habido algunos avances en estos dos años, “la agenda de derechos humanos demanda una acción de Estado más contundente, estratégica y exhaustiva. Reconocemos que tomó un país devastado, pero por eso mismo se requiere de acciones más decididas”.
En La Jornada
