En los últimos cuatro años, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha recibido mil 350 quejas y denuncias por violencia de género. La Abogada General de la institución, Mónica González Contró, explicó que está creciendo el número de denuncias y que en el último año se recibieron casi el doble que en 2016, cuando se implementó el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género.
En el Congreso Internacional de Buenas Prácticas en el Juzgar: “El Género y los Derechos Humanos 2020”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la abogada opinó que la “gran debilidad del protocolo es que tenemos en la mente que la forma de acabar con la violencia de género es a través de las sanciones, y eso no va a ocurrir”.
Planteó que “se deben aplicar las sanciones y acabar con la impunidad. Pero si le apostamos solo a lo punitivo, muy pocas veces la víctima se siente resarcida, y los sancionados se van pensando que se les despidió injustamente o que esto es una confabulación de las mujeres, y no entienden que lo que hicieron es violenca de género, con lo que seguimos normalizando estas conductas”.
Añadió que lo prioritario debe ser trabajar en la creación de espacios libres de violencia.
Expuso que en la UNAM ha habido un aumento de la cultura de la denuncia, pues en los años previos al protocolo, era bajo el número de quejas que llegaban a las autoridades. De 2003 a 2016, la UNAM tiene registro de solo 396 denuncias y quejas por posibles actos de violencia de género.
Explicó que la gran mayoría de las personas que presentan las quejas y denuncias son mujeres y que el grueso de quienes son señalados como agresores son hombres.
Añadió que en los procedimientos que sigue la UNAM para atender las denuncias por violencia de género son de tipo laboral cuando van dirigidos al personal administrativo o académico, y de tipo disciplinario. “En los procedimientos laborales, quien levanta el acta y hace la acusación es la Universidad, no la víctima”, explicó. Añadió que basta con un acta de hechos en la que la persona agredida diga lo que le sucedió para que la Universidad proceda.
En La Jornada