Durante las mañaneras, AMLO aprovecha para exponer a jueces, magistrados y ministros por sus fallos que «ayudan a los acusados».
Antes de ser aprehendida ayer por segunda ocasión en dos semanas, la jueza Angélica Sánchez Hernández fue expuesta en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes por ser una de los “jueces que favorecen a delincuentes”, sin embargo, no es la única, pues otros ocho compañeros de profesión han sido objeto de estas acusaciones, incluyendo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández.
En las últimas semanas, en medio de sus molestias con los fallos de la SCJN, el presidente López Obrador ha utilizado para exponer a jueces, magistrados y ministros, que de acuerdo con su información han “favorecido” a presuntos delincuentes con fallos judiciales, lo que los ha puesto en libertad o absuelto de un delito.
El segmento está a cargo del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, quien desde el 16 de mayo, durante el reporte que rinde el gabinete de seguridad cada dos semanas los días martes, da esta información.
El caso más reciente fue el de la jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández que, según expuesto por el subsecretario, determinó no vincular a proceso a Itiel Palacios García, conocido como “El Compa Playa”, acusado del asesinato del diputado priista Juan Carlos Molina en 2019 e identificado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad.
El segmento está a cargo del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, quien desde el 16 de mayo, durante el reporte que rinde el gabinete de seguridad cada dos semanas los días martes, da esta información.
El caso más reciente fue el de la jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández que, según expuesto por el subsecretario, determinó no vincular a proceso a Itiel Palacios García, conocido como “El Compa Playa”, acusado del asesinato del diputado priista Juan Carlos Molina en 2019 e identificado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad.
Aunque Rodríguez Bucio no emite enjuiciamientos adicionales en su sección, el presidente López Obrador advirtió −cuando se conoció del fallo− que el nombre de la secretaria en funciones de jueza sería informado en el informe de seguridad.
“Se molestan que porque ahora vamos a elegir o queremos que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Cómo no vamos a querer que se elijan, si el Poder Judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada?”, cuestionó.
Norma Piña y María Gabriela Rolón Montaño
En la misma conferencia de prensa del 30 de mayo, el subsecretario de Seguridad señaló a la ministra Norma Piña, en su carácter de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, así como a la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, secretaria ejecutiva de Disciplina del organismo, de una beneficiar indirectamente a cuatro presuntos responsables del delito de desaparición forzada.
Explicó que Piña Hernández y Rolón Montaño desecharon una queja administrativa en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, “quien ha sostenido criterios” en la desaparición de un pepenador de nombre José Francisco que fue detenido en diciembre del 2018 por elementos de la Fiscalía de Aguascalientes, que en ese tiempo se desempeñaban como escoltas del exgobernador Martín Orozco.
De acuerdo con Rodríguez Bucio, en este caso hubo otro detenido de nombre Jaime, que se suicidó en su celda “de manera dudosa” en diciembre del 2019, por lo que advirtió que las actuaciones de la juzgadora en favor de los agentes en este caso “podrían absolver a los procesados del delito de desaparición forzada de José Francisco ‘N’”
José de Jesús Rodríguez Hernández
También ese martes, el subsecretario acusó a José de Jesús Rodríguez Hernández, juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, de liberar a Guadalupe Israel “El Choncho” y otros siete individuos que, según informaron las fuerzas de seguridad, fueron detenidos durante un cateo el pasado 24 de mayo en posesión de cocaína, marihuana, metanfetamina y cartuchos de arma de fuego exclusivos de las Fuerzas Armadas.
Más atrás, la primera vez que se presentó este segmento en la conferencia matutina fue el 16 de mayo. Esa mañana, en apenas minuto y medio el subsecretario señaló la actuación de una magistrada y dos jueces.
María Dolores Olarte Ruvalcaba
La primera en la lista fue María Dolores Olarte Ruvalcaba, presidenta del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito, con sede en Zapopan. A ella se le expuso como la responsable de otorgar la primera absolución del mes a “El Güero” Palma, quien con ese fallo libraría volver a ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada derivado del tráfico de tres kilos de cocaína.
En ese caso, aunque el Colegiado ordenó absolver y por ende liberarlo, al fundador del cártel de Sinaloa se le imputó el delito de homicidio doloso lo que impidió recobrar su libertad, no obstante, ese caso fue sobreseído por la secretaria en funciones de jueza Cecilia Crokman Flores, lo cual derivó en la exposición antes mencionada del 30 de mayo.
Palma Salazar permanece en prisión, pero ahora está acusado de asesinar a un custodio cuando se encontraba preso en Jalisco.
Salvador Hernández Martínez
En la mañana del 16 de mayo, por otra parte, el subsecretario también mencionó al juez de Control de Izúcar de Matamoros, Salvador Hernández Martínez, por ordenar la liberación de Miguel Ángel Maceda Carrera, alcalde de Piaxtla, Puebla, quien era acusado de homicidio doloso.
“El 8 de mayo ordenó la liberación del alcalde de Piaxtla luego de que reclasificó el delito de homicidio doloso a culposo. Y aquí, tras quedar en libertad el detenido, volvió a tomar posesión de su cargo como presidente de Piaxtla”, relató.
Samuel Ventura Ramos
Finalmente, Rodríguez Bucio también expuso a Samuel Ventura Ramos, juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, con sede en Matamoros, quien el 12 de mayo absolvió a Sidronio Casarrubias, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, y José Luis Abarca por el delito de delincuencia organizada.
Ventura Ramos es el mismo juez que absolvió en primera instancia al exalcalde de Iguala del delito de secuestro en contra de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de otorgar la liberación de 24 personas ligadas con ese hecho, lo que en su momento, además de las descalificaciones a sus sentencias, generó que el ahora exsubsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, anunciara que se presentarían acciones penales en su contra.
“Por esta situación se va presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal e incluso una denuncia penal. No ha habido debido proceso, sino debido pretexto. Se va actuar en consecuencia”, anunció en la conferencia del presidente López Obrador el pasado 22 de septiembre.
