El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a la Comisión Permanente, para su ratificacion, la declaratoria por la que el Estado Mexicano reconoce la competencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas en el país, ocurridas a partir de diciembre del 2010.
La decisión estuvo postergada por una década, ya que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto mantuvieron en la congeladora la posibilidad de aceptar la intervención del
Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, organismo que contempla de manera integral la atención a las víctimas, ya que incluye el derecho a la reparación del daño,en diversas modalidades.
Establece la restitución, readaptación, satisfacción y las garantías de no repetición,la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas. Asimismo, el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes para que éstas examinen rápida e imparcialmente la denuncia, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, contra cualquier maltrato o intimidación derivado de ello.
En el texto que envió a la Comisión Permanente, al que hoy se dará entrada y se remitirá al Senado, el presidente de la república resalta que hasta el 31 de diciembre de 2019, el número de desaparecidos en nuestro país asciende a 61 mil 637 personas, víctimas de una de las más graves violaciones a los derechos humanos.
“Ante la magnitud de esta crisis, el Gobierno mexicano ha impuesto como prioridad la búsqueda de personas, incluyendo todas aquéllas cuyo paradero se desconoce y se presume están desaparecidas como consecuencia de cualquier delito”.
El ejecutivo federal recalca que “entre los esfuerzos del Estado mexicano para abatir este flagelo, se encuentra la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada el 20 de diciembre de 2006, y vigente para México desde el 23 de diciembre de 2010” y a ello se suma ahora reconocer la competencia del órgano de la ONU responsable en esa materia.
Este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, se constituyó al amparo de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que se encuentra vigente para nuestro país desde el 23 de diciembre de 2010, y establece que, de manera urgente analizará casos de desaparición forzada, que le sean notificados.
En el texto se precisa que una vez recibida la comunicación y antes de decidir sobre el fondo, el Comité puede dirigir al Estado Parte en cuestión, una solicitud para que adopte las medidas cautelares necesarias, con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
“Esta facultad del Comité, no prejuzga o sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la petición individual. Si la comunicación es admitida, el Comité la transmite al Estado Parte interesado, el cual contará con un plazo determinado para proporcionar observaciones y comentarios. Posteriormente, el Comité informará al peticionario la respuesta proporcionada por el Estado Parte, y sesionará a puerta cerrada para examinar el caso. Al término del procedimiento, el Comité comunica su dictamen al peticionario y al Estado Parte”.
En en escrito del ejecutivo federal se destaca que Comité contra la Desaparición Forzada, “está integrado por diez expertos de gran integridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercen sus funciones a título personal, y actúan con total imparcialidad”.
El Comité examina los informes relativos a las medidas adoptadas por los Estados Parte para cumplir con la Convención, y formula los comentarios, observaciones o recomendaciones que considera apropiados. El Comité también puede examinar, de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.
El presidente López Obrador resalta que, como resultado de la evaluación interna llevada a cabo por las instancias nacionales, en que se consideraron las implicaciones técnicas, operativas, prácticas, financieras y políticas, se determinó que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales, lo que será formalizado ante el secretario general de la ONU.
“La declaración de reconocimiento contribuiría al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en el apartado Política y Gobierno, señala como estrategia específica para asuntos prioritarios y urgentes, la prevención especial de la violencia y el delito, con énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social, entre ellos la desaparición forzada”.
De igual forma, “la declaración de reconocimiento coadyuvaría a alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, específicamente los relativos al pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos”.
En La Jornada
