Las presiones que existen sobre el gasto en salud y de protección social, así como un mayor desembolso para el pago de pensiones y posibles gastos por desastres naturales son los riesgos a largo plazo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ve para las finanzas públicas del país.
De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2024, el diseño de la política fiscal toma en cuenta estos riesgos para poder hacerles frente conforme avance el tiempo, destacando el de pensiones, el cual ha sido señalado por instituciones como una “bomba de tiempo”.
El riesgo de las pensiones reside en la transición poblacional ya que, este año, la población de personas mayores de 65 años o más representa 8.2% de la población total de México; sin embargo, se prevé que para el 2050 este grupo conformará cerca de 17.0% de la población, lo cual requiere de un mayor gasto en el rubro.
“Además, se debe considerar que el envejecimiento de la población también implica un aumento en la demanda de servicios de salud y cuidados de larga duración, así como una restructuración en las fuentes de recaudación tributaria. En particular, la transición poblacional se traducirá en presiones en el gasto debido a un mayor costo de operación del sistema de salud público, al incremento de las aportaciones del gobierno a los sistemas de pensiones, además del pago de pensiones del sistema anterior”, señaló Hacienda.
Si bien el gasto en protección social ha aumentado considerablemente, las presiones también se generan por las pensiones no contributivas, es decir, por aquellas que se dan como programas sociales, como es el caso de la Pensión para el Bienestar.
En tanto, el gasto en salud continúa muy por debajo de los estándares internacionales recomendados. Mientras que la OMS recomienda que los recursos a este rubro representen alrededor de 6% del PIB, en México se gastan 2.9 por ciento.
Amortiguadores
Para el siguiente año, aún con algunas presiones en el corto plazo, la Secretaría de Hacienda destacó que cuenta con amortiguadores fiscales para disminuir los riesgos que pudieran generar eventos adversos sobre las finanzas públicas.
Entre estos, se encuentran las coberturas petroleras para cubrir la exposición de los ingresos a reducciones en el precio del crudo; la Línea de Crédito Flexible del FMI por 47,000 millones de dólares, y la línea swap con el Tesoro de los Estados Unidos por 9,000 millones de dólares.
Asimismo, están las reservas internacionales con un saldo de 204,000 millones de dólares al 1 de septiembre pasado.
“(Otros amortiguadores) son la flexibilidad cambiaria que permite absorber choques externos; una composición de la deuda pública mayoritariamente en moneda nacional y a tasa fija que permite hacer frente a riesgos de tipo de cambio, tasas de interés y refinanciamiento (…) El seguro para catástrofes con una cobertura de 5,000 millones de pesos, el cual se destina a cubrir los recursos presupuestales necesarios para atender los efectos ocasionados por fenómenos naturales y tiene vigencia hasta el 5 de julio de 2024; un bono catastrófico vigente hasta marzo del 2024 por 485 millones de dólares con cobertura contra pérdidas derivadas de sismos de diferentes magnitudes y ciclones tropicales”, señaló Hacienda.
