En 2019, Susana Prieto, abogada y activista sindical, enfrentó graves denuncias por presunta extorsión en el marco de su participación en el movimiento obrero que sacudió la industria maquiladora de Matamoros, Tamaulipas. Este movimiento, conocido como «20/32», se caracterizó por las huelgas masivas que demandaban un aumento del 20% en los salarios y un bono anual de 32,000 pesos para los trabajadores, lo que generó una ola de tensión en la región.
Las denuncias contra Prieto fueron presentadas por empresarios y representantes de diversas maquiladoras, quienes la acusaron de haber exigido dinero para no prolongar las huelgas que paralizaban la producción. Según los informes, Prieto supuestamente utilizó su posición de liderazgo y su influencia sobre los trabajadores para obtener beneficios económicos a expensas de las empresas. Estas acusaciones incluyeron testimonios de que la activista habría solicitado pagos a cambio de frenar las protestas y negociar acuerdos más favorables para los empresarios.
En respuesta, Susana Prieto rechazó tajantemente las acusaciones, describiéndolas como una estrategia para deslegitimar el movimiento obrero y frenar la lucha por mejores condiciones laborales en la industria maquiladora. Prieto afirmó que su única motivación era la defensa de los derechos de los trabajadores y que las denuncias en su contra eran infundadas y parte de un esfuerzo coordinado por parte de los empresarios para desacreditar su labor. Además, la activista aseguró que los paros laborales fueron una expresión legítima de las demandas de los trabajadores, quienes, según ella, habían sido explotados durante años por la industria maquiladora.
El caso generó una profunda división en la opinión pública. Por un lado, sectores empresariales y algunas figuras políticas apoyaron las denuncias contra Prieto, argumentando que su comportamiento cruzaba la línea de la legalidad y afectaba negativamente a la economía local. Por otro lado, muchos trabajadores y activistas sociales se solidarizaron con ella, viéndola como una figura clave en la lucha por la justicia laboral y los derechos de los trabajadores en la región.
A medida que las investigaciones avanzaron, las autoridades locales se vieron presionadas para determinar si existían pruebas suficientes para llevar a Susana Prieto ante la justicia. Este proceso fue seguido de cerca tanto a nivel nacional como internacional, ya que podría establecer un precedente importante para futuros conflictos laborales en México.
La situación en Matamoros puso de relieve las tensiones inherentes en las relaciones laborales en el país, donde la balanza de poder entre trabajadores y empleadores a menudo está en constante disputa. El desenlace del caso de Susana Prieto no solo afectará a la activista y a los involucrados directamente, sino que también podría tener implicaciones más amplias para el movimiento sindical en México y la manera en que se abordan las denuncias de extorsión en el contexto de la lucha por los derechos laborales.
