El Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes CISEN) oculta expedientes de homicidios de alto impacto nacional, entre ellos el del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, que debió haber entregado al Archivo General de la Nación (AGN) como parte de la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador emitida en 2019.
Así lo señala un nuevo reporte presentado hoy por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, el cual forma parte de la Comisión de la Verdad de la Secretaría de Gobernación (Segob), una semana después de que publicó un primer informe que evidencia el desacato del CNI, el Ejército, la Marina y la FGR a la orden presidencial para entregar al AGN los expedientes de la ‘guerra sucia’.
El nuevo reporte presenta evidencia de que el CNI sí cuenta con expedientes del periodo 1986-1990 que ya deberían haber sido entregados al AGN conforme a la orden de López Obrador. Sin embargo, sólo se ha dado acceso a papeles creados hasta 1985, conforme a la orden presidencial que Vicente Fox emitió en 2002.
El Mecanismo halló en el AGN evidencia de que existe o existió una serie documental titulada “Homicidios”, integrada por 86 expedientes “con información de las investigaciones que las agencias de seguridad hicieron sobre los homicidios de personas de los más variados perfiles: dirigentes políticos, dirigentes sociales, ministros de culto, agentes de las mismas agencias, periodistas y agregados diplomáticos acreditados en México, entre otros”.
Parte de las evidencias halladas por los investigadores del Mecanismo son ficheros, portadas de expedientes, índices e instrumentos de consulta que prueban que el CNI sí cuenta con esos materiales, que incluso pudieron haber estado físicamente en el AGN, pero se considera que fueron extraídos por el personal del CNI que laboró en el Archivo hasta 2019.
Además, el Mecanismo logró documentar que la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), antecedente del CISEN y el CNI, tuvo entre sus filas al priista Manlio Fabio Beltrones, con placa número 472, bajo el mando del fallecido Francisco Gutiérrez Barrios.
Otra persona que fue acreditada por la DFS fue la propia esposa de Gutiérrez Barrios, Divina María Morales Espinosa, cuando tenía apenas 18 años de edad.
Lo mismo ocurrió con una hermana de Manuel Mondragón y Kalb, ex Comisionado Nacional de Seguridad, en los tiempos de Miguel Nazar Haro al frente de la DFS.
‘Homicidios’ desaparecidos
Un expediente del que se hallaron registros e incluso la portada, es el del homicidio de Kiki Camarena y la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero.
“Este expediente contaba con información que iba del 08 de junio de 1984 al 04 de julio de 1989, según consta en el Inventario General. Al solicitar el expediente se encontró que la información está incompleta pues sólo hay un documento de 1984 y no hay nada de los meses junio a octubre de 1985. El documento con la fecha más reciente de este expediente es del 20 de mayo de 1985, por lo que no está la documentación que debía llegar hasta 1989”, señala el informe.
En el expediente titulado “Homicidios” también aparecen enlistados los casos de Francisco Javier Ovando Hernández y Ernesto del Arco Parra, ambos militantes del Frente Democrático Nacional que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas, pero que fueron asesinados en el contexto de las elecciones presidenciales de 1988.
Sin embargo, físicamente los archivos no están en el AGN y se presume que están bajo resguardo del CNI, el cual, “aún conserva expedientes que por mandato presidencial debe dar acceso al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico”.
El Mecanismo también documentó que otro expediente de interés desaparecido es el de “la posible ejecución extrajudicial de miembros de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ocurrido en 1975 en el Cerro del Cubilete”.
Incumplimiento
El informe del Mecanismo señala que existe una “renuencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para dar cumplimiento al acuerdo presidencial del 28 de febrero de 2019 que obliga a toda la Administración Pública Federal a dar acceso irrestricto a las personas investigadoras del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) a la documentación relacionada con violaciones graves a los derechos humanos en el periodo 1965-1990”.
A pesar de que el Mecanismo publicó un primer informe hace una semana, hasta ahora ni el CNI, ni el AGN ni el presidente López Obrador se han pronunciado para explicar el incumplimiento sistemático de la administración federal a cumplir con esta orden. Tampoco se ha manifestado el subsecretario Alejandro Encinas, encargado directo de la Comisión de la Verdad.
“El Mecanismo está atento a la fecha y hora en que el CNI acate los diferentes marcos legales que le obligan a garantizar la transferencia de su documentación histórica que incluya la totalidad de aquella producida por la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985), por la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN, 1985-1989) y por el CISEN (1989-1993)”, dice el nuevo reporte.
A juicio del Mecanismo, aunque la apertura de expedientes históricos fue ordenada desde 2019, en realidad está ni siquiera ha iniciado porque la documentación no ha sido puesta a su disposición por el CNI.
