“No estoy dando instrucciones ¡No! Como titular del Poder Ejecutivo no puedo encubrir a nadie”, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador frente al señalamiento de que habría ordenado la persecución contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca. E independientemente de ser política o jurídicamente correcto, dio a conocer un oficio dirigido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, a quien se notifica de una investigación por el presunto lavado de dinero contra 35 empresas y personas en México, entre ellas el gobernador de Tamaulipas.
En su conferencia realizada en Palacio Nacional, el mandatario aportó –desde su punto de vista– claridad al asunto: “es una cuestión que está tratando la Fiscalía General de la República (FGR), que es independiente, que es autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras, como lo son los conservadores.”
Aseguró no ser tapadera y menos encubrir a nadie. “Si al gobierno que represento llega un oficio, para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad, la justicia y yo represento al Estado mexicano por encima de todo; les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la embajada de Estados Unidos solicitando información del señor García Cabeza de Vaca”.
Entonces solicitó al vocero presidencial, Jesús Ramírez, se comunicara con su secretaria privada, Laura Nieto, para que le enviara el oficio del Departamento de Estado. Mientras tanto explicó que haría lo mismo que en el caso del general Salvador Cienfuegos. “Yo di la orden –reiteró– de que se diera a conocer el expediente completo y que se subiera a la red para que la gente supiera”.
Y así dio respuesta a la campaña mediática en contra. “Si no, los adversarios nuestros pueden llegar a confundir, a decir: ‘Es una persecución política, está ordenado por el Presidente, es con propósitos electorales’. Imagínense qué sucede si a este señor lo detienen en Estados Unidos. ¿Cómo quedamos nosotros de nuevo? Como hemos quedado durante décadas, como tapaderas, y eso se acabó”.
Cuando su vocero presentó la imagen del oficio, y lo leyó el mandatario, respondió a cuestiones precisas. Expuso que en el artículo 76 de la Constitución, numeral quinto, se encuentra la solución legal para dotar a Tamaulipas de un gobernador interino.
Argumentó que corresponde a Santiago Nieto tomar las medidas adecuadas. Seguramente tiene comunicación –señaló–, está actuando, y sabe bien que no podemos nosotros guardar nada y es muy probable “que se haya enviado la investigación a la FGR… más si viene de un gobierno extranjero, porque no queremos ser el hazmerreír de nadie y no hay impunidad”.
–¿Sigue gobernando (Francisco García Cabeza de Vaca)?
–Hay que esperar lo que va a resolver la fiscalía, el Poder Judicial, no sólo el juez que autoriza la orden de aprehensión, sino la Suprema Corte, el Poder Legislativo, en especial el Senado.
Se le preguntó sobre la probabilidad de que el Senado –como lo mencionó Ricardo Monreal Ávila– nombrara a un gobernador sustituto. Esa figura legal, aseguró, fue utilizada en el pasado reciente: “Se estableció un artículo, el 76, en el que el Senado puede nombrar a un gobernador interino para que se convoque a elecciones, es una facultad exclusiva del Senado. Ese lo usaron mucho, yo creo que el que más lo usó fue Salinas, o sea, en ese sexenio, y lo han aplicado en varios estados, que yo recuerde hasta en Tamaulipas ya se aplicó, en Guerrero”.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se dejó ver a la salida de Palacio Nacional, donde acudió para reunirse en privado con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer.
El titular de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal se presentó al inmueble después del desayuno y al mediodía abandonó el sitio. A lo largo del día trascendió en Palacio Nacional que el ministro Zaldívar habría abordado la situación en torno al caso del gobernador García Cabeza de Vaca.
En La Jornada
