El máximo tribunal votará un proyecto que propone invalidar la segunda parte de las polémicas reformas electorales del Gobierno. El presidente afirma que no le sorprende y vuelve a cargar contra el Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de México se dispone a asestar un nuevo revés judicial al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En cuestión de días el pleno votará un proyecto del ministro Javier Laynez que propone anular la segunda parte del “plan B” electoral del Gobierno, un paquete de reformas con las que el oficialismo pretendía recortar recursos y atribuciones del INE, el órgano autónomo que organiza las elecciones en México. El Supremo ya había invalidado el pasado 8 de mayo una primera parte del “plan B”, con el argumento de que el Congreso —en el que Morena y sus aliados tienen mayoría— había incurrido en violaciones graves al procedimiento legislativo al aprobar las reformas. El ministro Laynez señala en su proyecto que las mismas irregularidades se cometieron en la aprobación de la segunda parte del plan. Es previsible que, por congruencia, los mismos nueve ministros que validaron estos razonamientos en la sesión de mayo aprueben la propuesta de Laynez, en una sesión que puede ocurrir este jueves o a más tardar la próxima semana.
La anulación del “plan B” representa un duro golpe al Gobierno de López Obrador, pues este paquete de reformas electorales era una de sus apuestas más importantes frente a los simpatizantes de Morena. Mientras que el oficialismo defendía las reformas como un avance hacia la austeridad en el aparato electoral, los partidos de oposición y grupos de activistas advirtieron de que se trataba de una medida de control para manipular las elecciones. Este martes, al enterarse del proyecto del ministro Laynez, López Obrador reiteró sus críticas al Poder Judicial, con el que ha mantenido un pulso prolongado, y ha insistido en su propuesta de que los jueces sean electos por el voto directo de la ciudadanía. “Los ministros están alineados, la mayoría, al bloque conservador. Todo el Poder Judicial. Es un Poder al servicio de una minoría, no están al servicio del pueblo, no se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo, es un poder al servicio de una élite política y económica, por eso hace falta una reforma al Poder Judicial, lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, magistrados, ministros, como se hizo en la época del presidente Benito Juárez”, ha dicho López Obrador en su conferencia diaria.
El presidente ha afirmado que para él es un hecho que el proyecto de Laynez va a ser aprobado por la mayoría de los ministros. “No me sorprende. Eso no es nota”, ha resumido. El proyecto analiza las reformas a cuatro normas: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. El Supremo ya invalidó en mayo las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. “El proyecto [de Laynez] considera que todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera parte de este paquete de reformas también se actualizan en este caso, por la simple razón de que ambos decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo”, ha informado el Supremo el lunes.
La Corte ha valorado que en ambos casos el Congreso dio a las reformas trámite urgente sin justificación, pues las propuestas fueron presentadas al pleno al momento de iniciar la sesión —pasadas las once de la noche— y fueron aprobadas en un lapso récord de cuatro horas; las iniciativas de reforma tampoco se distribuyeron entre los legisladores con la anticipación requerida, y estas, además, no fueron dictaminadas en comisiones, de modo que los legisladores aprobaron modificaciones a más de 500 disposiciones sin deliberación entre las fuerzas políticas y sin que conocieran realmente el contenido de lo que avalaron. Solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ambas impulsadas por López Obrador, han sostenido que las violaciones al debido proceso legislativo no deben ser motivo suficiente para que el Supremo invalide reformas.
