La Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación contra 20 ex funcionarios del sistema penitenciario federal acusados de causar daño al erario al interferir en licitaciones con un valor superior a los 270 mil millones de pesos.
Durante una audiencia virtual que se lleva a cabo esta tarde ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, participan sólo 18 ex funcionarios acusados, ya que dos presentaron contagios de covid-19 y en el caso del ex director administrativo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Javier Haro de Alva, sus abogados notificaron que su cliente estaba sujeto a un proceso de interdicción, es decir presentaron un dictamen de que es impedido para tomar decisiones legales por sí mismo, debido a una condición física o mental.
El caso se trata de las licitaciones para la construcción y administración por empresas privadas de los reclusorios federales en Durango, Oaxaca, Morelos, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán, para los cuales se pagaron sobreprecios.PUBLICIDAD
Entre los señalados como posibles responsables está Celina Oseguera Parra, quien era directora del penal de Almoloya de Juárez durante la fuga de El Chapo Guzmán, en 2015. También el general Sergio Alberto Martínez Castuera, ex director del Heroico Colegio Militar y ex comandante de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, que fue coordinador de prisiones federales.
Otros de los citados a comparecer en la audiencia es el ex director general adjunto de Administración de la OADPRS, Miguel Vital Hernández.
Según la carpeta de investigación, los 20 ex funcionarios citados a comparecer habrían obtenido hasta 62 mil 840 millones de pesos al cobrar sobreprecios por los contratos de los ocho penales federales concesionados a empresas particulares. En marzo del año pasado pasado en este mismo proceso se libró una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, quien se desempeñó como secretario de seguridad pública federal, durante el gobierno de Felipe Calderón.
FUENTE: La Jornada
