Ciudad de México. El PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para que las minorías en el Senado puedan constituir una comisión de verificación a las políticas públicas del Ejecutivo, cuando se considere que estas contravienen tratados internacionales.
La iniciativa, que suscriben la presidenta de la cámara, Dulce María Sauri Riancho, y Enrique Ochoa Reza, plantea que la comisión comunique sus resultados al pleno del Senado de la República, para su programación y discusión.
“Si de la verificación se advierte la inobservancia a los tratados internacionales, el Senado de la República emitirá una resolución de incumplimiento que será notificada al Ejecutivo Federal, quien deberá dar respuesta en el plazo de diez días naturales, sobre las acciones que permitan adecuar sus decisiones al marco convencional del Estado mexicano”, abunda.
En sus argumentos, los legisladores del tricolor afirman que actualmente “muchas de las políticas públicas” del gobierno federal “en materias torales como la salud, la protección al medio ambiente o la economía nacional, han sido objeto de cuestionamientos respecto de si son contrarias a los tratados internacionales firmados y ratificados por México”.
La propuesta considera que la solicitud para integrar tal comisión se presente por al menos 33 por ciento de los 128 integrantes del Senado, al considerar que “la configuración actual de las cámaras en el Congreso de la Unión, no ha permitido un sano equilibrio en la construcción de las políticas públicas”.
Para el PRI, hay ejemplos de políticas públicas que contravienen los tratados internacionales y que ello justifica añadir en la Constitución una facultad en ese sentido para las minorías.
Entre otros, señala que la política de compra de medicamentos ha reducido el abasto para combatir enfermedades como el cáncer, lo cual afecta de niñas, niños y adolescentes con cáncer, “a quienes se les niega el más alto nivel posible de salud a que tienen derecho conforme al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado y ratificado por México”.
Consideran además que la refinería en Dos Bocas y el Tren Maya viola derechos de los pueblos indígenas, “que no han sido debidamente consultadas sobre los proyectos que habrán de desarrollarse en sus territorios originarios, en oposición a lo que establece el Convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Las obras también contravienen instrumentos como el Acuerdo de París, mencionan.
En el sector energético, argumentan que las políticas y reformas en el sector, además de afectar al medio ambiente “arriesgan el atractivo para la inversión privada que México mantuvo durante décadas”.
También, aseguran, se “compromete la estabilidad económica en el largo plazo, pero principalmente, afecta la economía de los mexicanos, quienes ven disminuido su poder adquisitivo como consecuencia de decisiones, que además, son contrarias a los compromisos internacionales que la propia administración actual ha adquirido, como es el caso Estados Unidos y Canadá”.
En La Jornada
