La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua, quien acusa que el gobierno federal dejó de asistir a sus reuniones de coordinación en materia de seguridad.
Aunque la solicitud de juicio constitucional fue admitida, no se concedió la suspensión provisional, por lo cual no se impuso al gobierno federal ninguna obligación, hasta que la SCJN vote una resolución sobre el asunto.
El conflicto surgió a raíz del diferendo por las presas fronterizas y el compromiso internacional de entregar parte de su agua a los Estados Unidos para cumplir con el tratado binacional.
Para garantizar el cumplimiento de este acuerdo, el gobierno federal envió a la Guardia Nacional (GN) para resguardar las presas, lo cual fue criticado por el gobierno de Chihuahua.
Ante la actitud de la administración estatal, la GN y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se retiraron de la mesa de seguridad que organizaba el gobierno chihuahuense. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en esas reuniones se conspiraba y se filtraba información al Partido Acción Nacional.
En contra de esta decisión es que el Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua promovió la controversia constitucional 180/2020, en contra del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc).
En La Jornada
