Esa es la opción que busca su defensa para tratar de dejar limpio su expediente criminal.
El objetivo de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, es que la Fiscalía General de la República (FGR) retire los cargos en su contra y, sin pisar la cárcel, su expediente criminal quede limpio.
Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Lozoya, aseguró que la negociación que su cliente tiene con la FGR es para alcanzar el criterio de oportunidad.
Explicó que en este tipo de negociaciones hay tres opciones, la primera es que el imputado se convierta en testigo colaborador o protegido, pero dijo que en ésta no se encuentra Lozoya ya que, dijo, es una figura que sólo aplica a casos de delincuencia organizada.
Agregó que una segunda opción, en la que tampoco está Lozoya, es el juicio abreviado y consiste en que la persona objeto de investigación se reconoce como culpable y obtiene una reducción de la pena.
La tercera opción es el criterio de oportunidad, que consiste en que la persona investigada aporta los elementos necesarios para imputar un delito mayor. “Nosotros nos encontramos en el supuesto del criterio de oportunidad”, dijo.
De hecho, Lozoya cumple con los requisitos previstos en los artículos 256 y 257 del CNPP para acogerse al criterio de oportunidad y poder obtener los beneficios de ello.
En el artículo 256, fracción V, se advierte que el criterio de oportunidad es procedente “cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.
El abogado Ontiveros Alonso dijo que su cliente dará a conocer de “manera muy clara y contundente los nombres, cargos que ocupaban y los métodos que fueron utilizados”.
En el artículo 257 del CNPP, señala que los efectos de la aplicación del criterio de oportunidad es que se extinguirá la acción penal al beneficiario.
El abogado de Lozoya dijo que el Ministerio Público tiene hasta antes de formular la acusación para decidir si concede o no el criterio de oportunidad. Ese plazo es hasta el 31 de enero de 2021, fecha que impuso el juez para la conclusión de la investigación complementaria y tras la cual tendría que hacer la imputación o retirar los cargos.
En El Financiero
