La sociedad financiera Sensa, fundada por José Alberto Cano Vélez, informó de manera equivocada al Fovissste, el fondo hipotecario del Estado en beneficio de los empleados del gobierno, para que depositara el dinero de 84 créditos hipotecarios a cuentas distintas de los beneficiarios reales. Ahora, los compradores no pueden gozar de la propiedad adquirida y los vendedores se niegan a entregar sus propiedades sin recibir a cambio su dinero.
“Yo estoy sin casa. Yo ya no tengo donde vivir, porque ya tenía planes. Ya metí una demanda en Condusef, en Derechos Humanos, en la Fiscalía”, dijo la señora Margarita Rocha Trifundio, una de los 84 beneficiarios de créditos de Fovissste que compraron propiedades a vendedores que nunca recibieron sus pagos. Ni los compradores pueden disfrutar del bien adquirido ni los vendedores están dispuestos a entregar sus propiedades hasta no contar con su respectivo pago, a pesar de que ambas partes ya firmaron contratos de compraventa o celebraron la cesión de las propiedades por medio de escrituras.
“El Fovissste detectó inconsistencias en 84 créditos originados por Sensa de octubre a noviembre de este año, los cuales fueron pagados a beneficiarios distintos a los oferentes o vendedores de vivienda, lo que representa aproximadamente un monto de 68 millones de pesos”, confirmó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) en un comunicado entregado a El Economista este 9 de diciembre de 2021.
En ese documento, Fovissste anunció el inicio de un proceso penal contra el gestor de créditos Sensa (el acrónimo de Soluciones Emprendedoras del Norte S.A. de C.V.) y acciones para la recuperación del daño patrimonial.
Las 84 personas afectadas realizaron sus trámites hipotecarios a través de Sensa, una sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) acreditada por Fovissste, el fondo para que los empleados del gobierno adquieran créditos hipotecarios, y regulada por la Condusef, la oficina pública para la defensa de los usuarios de servicios financieros adscrita a la Secretaría de Hacienda. Las sofomes como Sensa actúan como intermediarios entre Fovissste y los beneficiarios de los créditos hipotecarios para tramitar la compra de vivienda.
Sensa asesoró a beneficiarios de Fovissste en Tijuana, Baja California; Saltillo, Coahuila; Ocosingo, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz, y en la Ciudad de México, de acuerdo con las personas que ha podido entrevistar El Economista.
Con la información equivocada, Fovissste depositó el dinero a cuentas de personas desconocidas para los compradores y vendedores. Ahora los compradores no pueden hacer uso de la vivienda adquirida y los vendedores se niegan a entregar sus propiedades, pues no han recibido sus pagos.
“Yo soy vendedora. A mí el depósito que me hicieron fue a la empresa Compen S.A. de C.V. A esa empresa le depositaron todo el monto del pago de mi vivienda. Entonces yo no estoy dispuesta a entregar mi casa”, dijo Susana Martínez Junes.
La última validación de Condusef a Sensa somo sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) se realizó el 3 de octubre de 2021, de acuerdo con información del Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres). Hoy, las oficinas de Sensa en Iztapalapa, Ciudad de México, y Coatzacoalcos, Veracruz, han sido desmanteladas. En Saltillo, Coahuila, la sucursal cambió de nombre por el de Tenmás. El sitio web de Sensa ha sido descolgado para presentar la etiqueta de “Página en construcción” y su página en Facebook fue dada de baja.
Sensa es una sociedad financiera de objeto múltiple fundada por José Alberto Cano Vélez, quien fue director de la Sociedad Hipotecaria Federal entre 2012 y 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El presidente del consejo de Sensa es Omar Bazán Flores, quien fue diputado local por el PRI de septiembre de 2018 a agosto de 2021, y su representante legal es Abraham Bazan Flores.
Sensa tiene su domicilio fiscal en la calle Jose María Iglesias 4901, interior 1, en la colonia Los Frailes de la capital de Chihuahua.
El Economista buscó obtener comentarios de Jacobo Israel Jacinto Morales, director jurídico de Sensa, sin obtener respuesta. También buscó a Jorge Contreras García, abogado Lecumberri, Benavides & Cid Abogados, S.C., el despacho contratado por Sensa para dar seguimiento jurídico al asunto, sin obtener respuesta.
“Lo que más me interesa es que me paguen”
Ninguno de los créditos que pudo revisar El Economista supera los 1.5 millones de pesos, lo que da una idea del nivel socioeconómico de los afectados. Los compradores ya comenzaron a registrar el descuento de sus respectivos créditos en sus nóminas.
En el comunicado de este jueves, Fovissste informó que suspenderá el cobro de los créditos vía nómina a los 84 afectados. “¡Ahorita a mí lo que menos me interesa no es que no me descuenten, es que paguen! Yo tengo desde el 10 de noviembre. Mi queja al Fovissste cumple ya un mes”, dijo Silvia Flores, otra afectada.
En algunos casos, los beneficiarios de los créditos y sus vendedores colaboran juntos para resolver el problema; en otros casos, los vendedores han amenazado con demandar a los compradores para obtener su dinero o recuperar la titularidad de sus propiedades.
Los depósitos de Fovissste a personas no relacionadas con la compraventa de las propiedades se realizaron a personas físicas y a personas morales. Entre las personas morales involucradas en la recepción de los pagos, de acuerdo con la documentación obtenida por algunos afectados, se encuentran Desarrollo Ginexalapa S.A. de C.V., Compen S.A. de C.V., Desarrollos y Construcciones del Centro S.A. de C.V., Constructora Altos Bajío S.A. de C.V. y Roma Stronger S.A. de C.V.
“En este país es tan caro hacerse de una vivienda que por eso te lleva 20, 30 40 años. Aquí quien está siendo víctima del fraude es la clase trabajadora, la clase que quiere adquirir una casa, tener un proyecto de vida propio, digno y autónomo a quienes les frustran ese sueño”, dijo Israel Santos Flores, otro de los 84 afectados. “Me siento defraudado por el Estado. Sensa representa y actúa y aparece en todas las escrituras ante notaría pública representando y actuando en nombre y por mandato de Fovissste, no son dos cosas distintas”, añadió.
La información sobre los beneficiarios finales de los depósitos en sustitución de los vendedores reales fue obtenida por medio de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) del Fovissste, el identificador administrativo sobre los cargos al Presupuesto de Egresos para efectos de registro y pago. En este caso, la CLC corresponde a la autorización interna de Fovissste para depositar en la cuenta del beneficiario final en la operación de compraventa.
El informe de Sensa a Fovissste
El 17 de noviembre de 2021, Fernando Martínez Álvarez, director general de Sensa, giró un comunicado al subdirector de Crédito de Fovissste, Herminio Silván Lanestosa, para informarle sobre un tema grave: que empleados de Sensa habrían utilizado de manera ilegítima el sistema de información de Fovissste al que tienen acceso los empleados de los gestores de créditos como Sensa (SIO o Sistema de Originación) para alterar los nombres y las cuentas de los beneficiarios de las operaciones de compraventa. O sea, para registrar a terceras personas físicas o morales como beneficiarias del pago de las propiedades en venta.
De acuerdo con el relato de Martínez Álvarez, Fovissste, a través de la Jefatura de Servicios de Control Presupuestal, informó a Sensa que se “capturó en el módulo de Registro Datos para Pago a Beneficiario, en el apartado Datos de Pago, a la persona moral Constructora Altos Bajío S.A. de D.V., persona distinta al oferente (…), por lo que se dispersó la cantidad de 1,484,960.23 con la CLC 2021-200-FPH-23243”.
Martínez Álvarez le informó a Silván Lanestosa que ya había tomado cartas en el asunto, que había cesado “a las personas involucradas” y que había dejado el caso en manos de un despacho jurídico para iniciar las acciones pertinentes sobre un presunto “delito de carácter patrimonial federal”.
Aquí reproduzco otro párrafo de la comunicación de Martínez Álvarez, director general de Sensa: “Desafortunadamente dentro del accionar que estamos haciendo evidente, también se vieron involucrados notarios al permitir que se llevaran a cabo firma de instrumentos de mutuo, sin contar con el pago plenamente acreditado de hipotecas previas que gravaban a los inmuebles que servirían de garantía para el pago del crédito Fovissste. También se les llamará a juicio para que se deslinden responsabilidades”.
La señora K., resignada y quien pidió omitir su nombre, dijo: “Mis vendedores actualmente ya me dijeron: ‘A mí no me interesa el problema. Yo te voy a demandar a ti y tú y yo nos vamos a arreglar en tribunales’”.
FUENTE: El Economista
