Trabajadores de distintos centros laborales han señalado que dirigentes de COREMEX habrían establecido mecanismos de presión para exigir pagos o firmas a cambio de “protección sindical” o para evitar conflictos internos, una práctica que, según testimonios, se ha vuelto recurrente en los últimos meses.
De acuerdo con empleados consultados, representantes sindicales habrían condicionado el acceso a apoyo laboral o la intervención en casos de conflicto a la entrega de cantidades económicas definidas por los propios dirigentes. En otros casos, se reporta que se pidieron firmas obligatorias para “respaldar” acciones que los trabajadores desconocían, bajo el argumento de que sin ese aval podrían enfrentar “problemas en el trabajo”.
Los denunciantes afirman que estas dinámicas no solo afectan la economía de la plantilla, sino que también generan un clima de incertidumbre, pues se advierte que quien no coopere podría ser excluido de cualquier defensa ante situaciones de abuso patronal. Según empleados, estas presiones se han realizado tanto de manera directa como por medio de intermediarios vinculados a la dirigencia.
Dirigentes consultados evitaron pronunciarse sobre las acusaciones, mientras trabajadores reclaman que el sindicato actúa como una estructura paralela más interesada en obtener recursos que en garantizar condiciones dignas. Coinciden además en que el temor a represalias ha impedido que más personas formalicen las denuncias ante autoridades laborales.
En este contexto, diversas organizaciones laborales sostienen que la reiteración de estas prácticas podría configurar una red de extorsión que contradice por completo los principios de representación sindical. Los trabajadores insisten en que se requiere una revisión profunda para determinar responsabilidades y recuperar la confianza en los mecanismos de protección colectiva.
