Tras meses de conducir la investigación, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua deberá entregar el expediente para que transite al ámbito federal. La resolución aumenta la presión sobre la gestión de Abelardo Valenzuela y abre interrogantes sobre la estrategia seguida en el caso.
Chihuahua, Chih., 25 de agosto de 2026.– Un nuevo revés jurídico golpea a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y coloca bajo presión la conducción de su titular, Abelardo Valenzuela Holguín, “El Bayo”, después de que este 24 de agosto se determinara que la dependencia carece de competencia para continuar dirigiendo la investigación contra José Pedro López Elías.
La consecuencia inmediata es contundente: la Fiscalía estatal deberá dejar el control del expediente y entregar la carpeta y documentación correspondiente para que el asunto transite al ámbito federal.
Para López Elías, la resolución representa una victoria jurídica importante después de meses de litigio.
Para Valenzuela, en cambio, el resultado obliga a revisar críticamente la estrategia seguida por la institución que encabeza.
Porque el problema no radica únicamente en perder la conducción de un expediente. La pregunta de fondo es cómo una investigación de esta relevancia pudo avanzar durante meses hasta llegar a una resolución que impide a la Fiscalía continuar dirigiéndola por falta de competencia.
El escenario resulta todavía más complejo debido a las denuncias realizadas previamente por la defensa de López Elías, que había señalado presuntas irregularidades, dilaciones injustificadas y posibles afectaciones al debido proceso.
Será responsabilidad de las autoridades competentes determinar la existencia o inexistencia de esas irregularidades.
Sin embargo, la resolución del 24 de agosto contempla además dar vista al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua respecto de la actuación de autoridades estatales involucradas.
También se dio vista a la autoridad federal competente para que analice los señalamientos relacionados con actuaciones judiciales y ministeriales estatales y determine si existe alguna conducta que deba ser investigada o sancionada.
No existe, a partir únicamente de esta determinación, una responsabilidad acreditada contra Abelardo Valenzuela ni contra otros funcionarios.
Pero el golpe institucional es evidente.
Una Fiscalía especializada en combatir la corrupción debería distinguirse precisamente por la solidez de sus procedimientos, el respeto al debido proceso y el ejercicio cuidadoso de sus facultades.
Cuando la conducción de uno de sus casos termina cuestionada por un problema de competencia, la responsabilidad política e institucional de explicar lo ocurrido recae inevitablemente sobre quienes tomaron las decisiones.
Y al frente de esa institución está “El Bayo” Valenzuela.
El caso López Elías entra ahora en una nueva etapa, mientras la Fiscalía pierde la posición que mantuvo durante meses.
Lo que ocurra a continuación será relevante para el futuro del expediente, pero también para la credibilidad de una institución que deberá demostrar que está dispuesta a someter sus propias actuaciones al mismo nivel de escrutinio que exige a los demás.
Combatir la corrupción requiere autoridad. Pero para conservar esa autoridad también se necesita rigor jurídico, resultados y credibilidad. Y este revés obliga a preguntarse cuánto de eso conserva hoy la Fiscalía encabezada por Abelardo Valenzuela.
