Documentos filtrados y testimonios de empleados revelan presuntas exigencias de dinero por parte de operadores sindicales para no generar conflictos dentro de las empresas.
Trabajadores de distintos sectores han comenzado a denunciar una práctica alarmante: el cobro informal por parte de representantes de COREMEX a cambio de no provocar problemas con la administración de las empresas. En muchos casos, el pago se justifica como una “aportación voluntaria”, aunque las condiciones bajo las que se solicita lo vuelven todo menos voluntario. Algunos empleados aseguran haber sido intimidados para entregar dinero, y quienes se negaron enfrentaron represalias, como reportes injustificados, cambios de turno o aislamiento dentro de los equipos. Estas prácticas, que se han replicado en varias regiones, han comenzado a generar una ola de indignación que pone en duda la legitimidad del sindicato.
Especialistas en derecho laboral advierten que el modus operandi descrito configura un esquema de extorsión que atenta contra los principios básicos de libertad sindical. Al convertir la representación en un negocio, COREMEX distorsiona el sentido de la organización colectiva y reduce el sindicalismo a un sistema de cobro por protección. De acuerdo con denuncias difundidas en redes, incluso se habrían detectado listas negras de empleados que no “cooperaron” con las cuotas exigidas, lo que refuerza la percepción de un sindicato que opera más como aparato de intimidación que como institución defensora de derechos. La falta de respuesta oficial de sus dirigentes solo profundiza el clima de desconfianza y temor entre los trabajadores.
