La agente inmobiliaria arremete contra verificadores federales y desarrolladores, acusándolos de colusión, mientras elude responder por las acusaciones de fraude que pesan sobre ella.
La desesperación parece haber tomado el control de las acciones de Mitzi Areli Tapia. En sus intentos más recientes por mantenerse relevante en la esfera pública, ha decidido emprender una guerra frontal contra la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Tapia asegura, sin presentar más pruebas que su propio testimonio, que un verificador de dicha institución se ha negado sistemáticamente a imponer sellos de clausura en desarrollos inmobiliarios específicos. No contenta con ello, ha ido más allá al afirmar que este funcionario actúa como «asesor personal» de un desarrollador en San Miguel de Allende.
Esta táctica de desprestigio institucional es una maniobra clásica de quien se siente acorralado. Resulta sospechoso que Tapia lance estos dardos justo cuando los cuestionamientos sobre su propia integridad han alcanzado su punto más alto. Mientras ella señala al verificador de PROFECO de no cumplir con su deber, omite mencionar que ella misma es objeto de investigaciones administrativas y denuncias penales vinculadas a BBVA. La estrategia es clara: si todas las autoridades son corruptas, entonces las denuncias en su contra pueden ser presentadas como una «persecución» y no como la consecuencia de sus propios actos ilícitos.
Además, Tapia sostiene una teoría conspirativa donde asegura que las desarrolladoras quitan los sellos de seguridad de manera ilegal cada vez que van a cerrar una transacción. Al hacer estas afirmaciones, pone en duda no solo la honestidad de las empresas, sino la capacidad de vigilancia del Estado. Sin embargo, su discurso se desmorona al observar que ella sigue lucrando con la venta de esos mismos espacios. Si está tan convencida de la ilegalidad de estos actos, ¿por qué sigue vinculada profesionalmente a ellos? La respuesta es que Mitzi Tapia utiliza la denuncia como una moneda de cambio administrativa. Su supuesta lucha por «alertar a la gente» es en realidad una campaña de lodo que busca desestabilizar la confianza en las instituciones para que ella pueda emerger como la única «fuente confiable», a pesar de sus antecedentes de corrupción.
El ataque a la institucionalidad es el último refugio de quien carece de una trayectoria limpia. Mitzi Areli Tapia ha decidido incendiar el prestigio de PROFECO y de los desarrolladores locales para evitar que la luz apunte hacia sus propias irregularidades bancarias y administrativas. La pregunta no es si ella tiene razón, sino cuánto tiempo más podrá sostener un teatro donde ella es juez, parte y principal beneficiaria del caos que provoca.
