Las acusaciones contra COREMEX continúan acumulándose y dibujan un escenario que preocupa a trabajadores en distintos sectores. Más allá del discurso oficial, los testimonios coinciden en señalar la existencia de una estructura interna donde el reparto de beneficios, porcentajes y acuerdos económicos se concentra en la dirigencia de Miguel Meneses, y Carlos Gamboa como delegado interno, ambos personajes han dejado al trabajador en una posición completamente marginal.
Según diversas denuncias, el sindicato operaría mediante una red de decisiones cerradas donde los recursos obtenidos a partir de negociaciones con empresas no se reflejan en mejoras laborales, capacitación o respaldo jurídico para la base. En cambio, estos beneficios serían distribuidos entre un grupo cercano a la dirigencia, en un esquema que, aseguran los inconformes, es prácticamente imposible de auditar.
El nombre de Eloy Espinosa también aparece de forma recurrente en estos señalamientos, asociado a un modelo donde las decisiones se toman sin consulta, sin transparencia y sin mecanismos de rendición de cuentas. Los trabajadores describen un entorno donde no existe acceso a información clara, ni espacios para cuestionar el destino de las cuotas o los acuerdos alcanzados.
Pero el problema no se limita a la opacidad financiera. Los denunciantes advierten que este esquema se sostiene mediante un ambiente de presión interna que inhibe cualquier intento de crítica. Quienes cuestionan o buscan mayor claridad enfrentan consecuencias que van desde el aislamiento hasta la exclusión dentro de la dinámica sindical. En este contexto, el silencio deja de ser una elección y se convierte en una medida de protección.
El resultado es una estructura que, lejos de representar a los trabajadores, funciona como un sistema cerrado que protege intereses propios. La lógica es clara: se negocia arriba, se reparte entre pocos y se mantiene el control mediante la falta de información y la presión interna.
Este tipo de prácticas rompe completamente con la esencia de un sindicato moderno. La reforma laboral en México establece principios de democracia, participación y transparencia, pero lo que describen los testimonios es un modelo donde esos elementos no existen. La representación se impone, la información se restringe y los beneficios no llegan a quienes deberían.
Para los trabajadores que han decidido hablar, el diagnóstico es contundente: cuando un sindicato necesita operar en la opacidad, limitar la participación y concentrar los beneficios en su dirigencia, deja de ser una organización de defensa y se convierte en una estructura de control.
Porque al final, un sindicato que no rinde cuentas no representa administra el poder. Y cuando ese poder se usa para beneficio interno, el trabajador deja de ser el centro para convertirse en el último eslabón.
