En lo que va del sexenio se han decomisado 50 mil armas que han ingresado ilegalmente desde Estados Unidos, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la información que tiene, el 70% de esas armas proviene de Estados Unidos, la mitad de Texas, estado gobernado por Gregg Abbott, impulsor de políticas antimigratorias.
“¿Qué me responde a esto el gobernador de Texas? La mitad de todas las armas que entran de Estados Unidos a México provienen de Texas”, señaló.
El 18 de diciembre de 2023, el gobernador de Texas promulgó una ley que criminaliza a los migrantes que entren de manera irregular en este estado fronterizo con México.
Dicha ley, que entra en vigor en marzo, “crea un delito penal por entrar ilegalmente a Texas desde un país extranjero” y prevé hasta 20 años de prisión por reincidencia; establece que las autoridades locales tendrán la potestad de detener a los migrantes que carezcan de la documentación necesaria para entrar y los jueces, la de expulsarlos.
México va contra fabricantes de armas
En 2021, México interpuso una demanda contra los principales fabricantes de armas estadounidenses, a los que acusó de “comercio negligente e ilícito”.
En la demanda se indica que las empresas tienen la obligación de cumplir con las leyes mexicanas y estadounidenses de importación y exportación y asegurarse que sus distribuidores no provean de armas a grupos de la delincuencia organizada.
El 22 de enero de este año, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor de México y ordenó revisar la demanda que presentó contra los ocho fabricantes de armas.
La demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, en contra de los fabricantes Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.
Asimismo, el gobierno mexicano tiene un procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que si bien no se está llevando a las empresas de la industria de las armas a juicio ni al Gobierno de los Estados Unidos, sí se está solicitando una “opinión consultiva” para que la Corte Interamericana fije su postura.
