Los líderes purépechas José Antonio Arreola Jiménez, José Luis Jiménez Meza y José Gerardo Talavera Pineda, integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), detenidos desde hace tres años, acusados de sabotaje, serán liberados de inmediato por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que les otorgó un amparo tras encontrar diversas irregularidades en su proceso, incluyendo el que fueron torturados.
Comuneros de Nahuatzen, Michoacán, celebraron la determinación de la primera sala del máximo tribunal y destacaron que los aún detenidos fueron acusados “injustamente de sabotaje” y han padecido “malos tratos y tortura”.
Recordaron que los tres integrantes del CCIN se manifestaban en demanda del reconocimiento de su municipio indígena cuando fueron detenidos, el primero de noviembre de 2018, por oponerse a las autoridades del ayuntamiento, de extracción perredista, y se les sentenció a siete años de prisión. Desde entonces, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció que eran presos políticos.
Los afectados buscaron amparo en contra de la decisión del tribunal de justicia estatal, argumentando que se violó su derecho a una tutela judicial efectiva y a obtener una sentencia fundada en derecho.
El asunto fue asignado para su estudio al ministro Mario Pardo Rebolledo, quien constató que durante el juicio nunca se pudo comprobar el delito supuestamente cometido por los purépechas.
“Al no haberse acreditado la concurrencia de las circunstancias necesarias para estimar la existencia de uno de los elementos del hecho que la ley señala como delito de sabotaje, resulta innecesario realizar el examen de los demás componentes”, señala el proyecto de sentencia aprobado. Añade que los tres inculpados fueron además víctimas de tortura, por lo que ordena a las autoridades de Michoacán que se investigue para castigar a los responsables
Tras la resolución, Efraín Avilés, comunero de la localidad dijo a La Jornada que “se hizo justicia” y que esperaban que en las próximas horas quedaran libres. Detalló que Jiménez y Arreola, fueron elegidos por usos y costumbres como autoridades de la comunidad, y por esa razón se les fabricaron ilícitos, por los que fueron encerrados en el reclusorio de Uruapan desde noviembre de 2018.
En tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos celebraron la resolución de la SCJN. Destacaron la relevancia de que la decisión se haya fundado en criterios de interculturalidad porque será un precedente en la defensa que hacen las comunidades indígenas de sus territorios.
FUENTE: La Jornada
