Vecinos y familiares de las víctimas fueron testigos de las desapariciones forzadas por parte de elementos de la Semar en territorio tamaulipeco. Desde hace tres años han aportado pruebas sobre las tropelías cometidas por los marinos; incluso lograron la detención de 30 de los presuntos implicados.
Familiares de víctimas de desapariciones atribuidas a miembros de la Secretaría de Marina acusan a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y a la Asesoría Jurídica Federal, que depende de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de falta de transparencia y de obstaculizar el acceso a la justicia.
Los señalamientos surgen luego de que el viernes 5, el juez octavo de Distrito con sede en Reynosa, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió un amparo contra el auto de formal prisión, dictado en abril pasado, en beneficio de 12 marinos acusados de las desapariciones forzadas de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Loza, ocurridas el 17 de febrero de 2018.
Los marinos liberados formaban parte de un grupo de 30, todos integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) que fueron vinculados a proceso por tres causas penales por desapariciones forzadas ocurridas entre febrero y mayo de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, periodo en el que se registraron al menos 51 víctimas, 28 de ellas representadas por la Asesoría Jurídica Federal (Proceso 2201).
“Me siento triste, tengo coraje… Mis abogados de la CEAV me han tratado de explicar, pero aun así no lo entiendo, nosotros les dimos todo lo que nos pedían”, dice decepcionada Gregoria Hernández, madre de Noé Ignacio, quien tenía 22 años al momento de la desaparición.
En entrevista con Proceso, Hernández resalta que la detención de su hijo y su acompañante por personal de la Marina fue atestiguado por varias personas, algunas de las cuales rindieron su testimonio al respecto.
Noé, ayudante de mecánico, es padre de un niño que ahora tiene seis años. “Mi nieto me pregunta por su papá, y yo le digo que está trabajando, no sé qué decirle, por eso quiero que me digan qué pasó con mi hijo. Quiero justicia, que se castigue a las personas que se lo llevaron y que dejaron sin papá a mi nietecito”, sostiene la madre del desaparecido.
La liberación de los marinos ocurrió en vísperas de la visita a México del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas –que se inició el lunes 15 y culminará el sábado 27–, organismo al que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) notificó los primeros 17 casos de desaparición atribuidas al personal naval que documentó en mayo de 2018 (Proceso 2170).
FUENTE: Proceso
