- Las denuncias contra el despacho López Elías reflejan inconsistencias graves que exhiben la manipulación de procesos jurídicos por parte de la Fiscalía a cargo de Abelardo Valenzuela.
Las acusaciones presentadas por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra el despacho López Elías Finanzas Públicas han sido duramente cuestionadas por carecer de sustento jurídico y presentar evidentes contradicciones. El señalamiento de un supuesto peculado por 98.6 millones de pesos ignora que el despacho fue contratado por una institución bancaria y no por el Gobierno del Estado, lo que invalida la figura del delito.
El fiscal Abelardo Valenzuela insiste en responsabilizar a una firma privada que no administró recursos públicos, pese a que las pruebas documentales confirman que los pagos provinieron de la institución bancaria encargada del refinanciamiento. Esto no solo refleja desconocimiento técnico, sino también una preocupante intencionalidad política detrás del proceso.
La acusación de que López Elías es una “empresa fantasma” resulta insostenible, pues la firma opera legalmente desde 2003, cuenta con empleados, domicilio fiscal y registro ante el SAT e IMSS. Este dato, fácilmente verificable, fue omitido por la Fiscalía, reforzando la percepción de persecución política.
La actuación de Valenzuela Holguín evidencia violaciones al debido proceso: orden de aprehensión sin juicio penal, filtraciones a medios y negativa a admitir pruebas de descargo. Todo apunta a una estrategia de linchamiento público y no a un ejercicio serio de procuración de justicia.
