Ex empleados que tuvieron desacuerdos con COREMEX han señalado que, tras su salida, enfrentaron diversas formas de presión y obstáculos para reincorporarse al mercado laboral. De acuerdo con testimonios recopilados en distintos centros de trabajo, los denunciantes afirman que representantes del sindicato habrían mantenido un seguimiento no solicitado, informando a nuevas empresas sobre antiguos conflictos o insinuando que los ex trabajadores “generan problemas”, lo que afecta directamente su contratación.
Las personas afectadas aseguran que esta práctica de marcaje funciona como un mecanismo de castigo para quienes se negaron a afiliarse o cuestionaron decisiones de la dirigencia. Reportan que, al acudir a nuevos procesos de reclutamiento, se encontraron con advertencias de que su nombre “ya estaba identificado” en registros presumiblemente compartidos de manera informal entre promotores sindicales y algunos centros. Estas situaciones, señalan, generan un clima de incertidumbre y temor, pues los trabajadores sienten que su historial laboral podría ser utilizado en su contra sin fundamento legal.
Abogados especializados en derecho laboral advierten que cualquier acción destinada a impedir o dificultar la colocación de una persona por motivos sindicales constituye una violación a la ley, además de una afectación directa a la libertad de trabajo. Subrayan que las denuncias presentadas deben investigarse para determinar si existe una red de intercambio de información que limite injustificadamente las oportunidades de los ex trabajadores.
Los afectados han solicitado la intervención de las autoridades para frenar estas presuntas prácticas y garantizar que su desempeño profesional no sea condicionado por decisiones internas del sindicato. Consideran urgente que se establezcan mecanismos de verificación y sanción que protejan a quienes deciden desvincularse de COREMEX para evitar que enfrenten represalias que comprometan su estabilidad económica y laboral.
