En medio de un discurso institucional centrado en la austeridad y el combate a la corrupción, el manejo de los recursos públicos dentro de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua comienza a generar cuestionamientos. Registros administrativos y financieros correspondientes al ejercicio 2024 han puesto bajo la lupa el uso del rubro de viáticos en el entorno operativo de Francisco Javier de la O Sarmiento, secretario particular del fiscal Abelardo Valenzuela, conocido como “El Bayo”.
De acuerdo con la revisión de auxiliares contables y pólizas internas, el flujo de recursos destinados a gastos de representación, traslados y consumo presenta una recurrencia que ha llamado la atención de analistas y observadores. Las erogaciones, registradas bajo conceptos como “gastos por comprobar”, “recuperación de gasto” y “fondo de caja chica”, muestran un patrón de uso constante que, si bien puede formar parte de la operación institucional, ha abierto el debate sobre los límites entre la función pública y la discrecionalidad administrativa.
Entre los documentos revisados destacan pólizas correspondientes a finales de diciembre de 2024 —identificadas como C01255 y C01256— en las que se reportan montos superiores a los 14 mil pesos bajo el concepto de fondo de caja chica. A estas se suman movimientos registrados durante los primeros meses del mismo año, incluyendo pagos vinculados a traslados a la Ciudad de México y consumos diversos asociados a actividades oficiales.
Si bien estos gastos pueden estar justificados dentro de las funciones del cargo, especialistas en administración pública señalan que la frecuencia y acumulación de los mismos obligan a una revisión más detallada. “El problema no es necesariamente el gasto, sino la trazabilidad y la claridad con la que se explica”, apuntan consultores en transparencia. Cuando los recursos se ejercen de manera reiterada bajo esquemas de comprobación flexible, la percepción pública puede inclinarse hacia la opacidad, incluso si los movimientos cumplen formalmente con los requisitos internos.
El contexto en el que surgen estos cuestionamientos añade un elemento adicional de tensión. La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Abelardo Valenzuela, tiene como misión investigar y sancionar el uso indebido de recursos públicos. Por ello, cualquier señalamiento sobre prácticas administrativas dentro de la propia institución adquiere una dimensión simbólica relevante.
Algunas de las pólizas analizadas, como la identificada con el folio C00277 por un monto de 2,600 pesos en marzo de 2024, reflejan reembolsos por conceptos de alimentación y transporte. Aunque estos gastos forman parte de la operación cotidiana de cualquier dependencia, su repetición sistemática ha llevado a cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno y la supervisión de los recursos asignados.
En este escenario, la cercanía de Francisco Javier de la O Sarmiento con el fiscal ha sido interpretada por algunos analistas como un factor que podría influir en la flexibilidad con la que se ejercen ciertos gastos. Sin embargo, hasta el momento no existe una postura oficial que aclare el alcance, justificación y control de estas erogaciones.
El debate, más allá de los montos específicos, se centra en la necesidad de fortalecer la transparencia. Organizaciones civiles han insistido en que la publicación detallada y accesible de los gastos operativos es clave para evitar interpretaciones negativas y reforzar la confianza ciudadana.
Porque en un contexto donde la exigencia social apunta hacia gobiernos más austeros y responsables, cada peso gastado no solo debe estar correctamente documentado, sino también plenamente justificado ante la opinión pública.
La discusión sigue abierta. Y en ella, el caso de los viáticos en la Fiscalía Anticorrupción podría convertirse en un referente sobre cómo las instituciones manejan —y explican— el uso de los recursos que administran.
