La intervención y vigilancia de las comunicaciones en México sigue siendo un problema crítico, marcado por la opacidad, la impunidad y el uso de tecnologías altamente invasivas para espiar a ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos.
El informe El Estado de la Vigilancia, elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), documenta la continuación de estas prácticas en México a lo largo de diversas administraciones y pone en evidencia la falta de controles democráticos efectivos sobre estas actividades.
De Calderón a López Obrador
La vigilancia masiva en México no es un fenómeno reciente. Ana Gaitán, abogada de R3D y una de las autoras del informe, explica que «los primeros casos que se empezaron a detectar fueron alrededor de 2010 y 2011, durante la administración de Felipe Calderón, y continuaron con Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador«.
Esto deja en claro que la vigilancia no responde a un solo gobierno, sino a una práctica sistemática del Estado.
Desde 2014, R3D ha documentado abusos en el uso de herramientas de vigilancia como el software espía Pegasus, utilizado en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
