La Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos desechó las solicitudes de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el exalcalde de Cuernavaca Antonio Villalobos y la excontralora de la administración de Graco Ramírez, Adriana Flores Garza, según confirmó Eliasib Polanco, diputado priista.
El diputado compartió que la determinación fue desechada porque venció el tiempo para abordar dichas solicitudes, incluyendo la presentada este año en contra del Gobernador de Morelos por diversas agrupaciones de abogados.
«Los tres porque se venció el termino constitucional, no se abordaron en el tiempo que se tenía para tener resolución al respecto», dijo el legislador.
El pasado 12 de junio integrantes de la Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México (NAAME) y de la Barra de Abogados del Estado de Morelos hicieron entrega a la Junta Política y de Gobierno la solicitud de juicio político contra Cuauhtémoc Blanco y la exigencia de renuncia del comisionado estatal de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros.
En su momento, Luis Ignacio Reyes Andraca, presidente de NAAME, explicó que la denuncia se presentaba por “acción, omisión, contravención a la Constitución, a las leyes en materia de seguridad pública, desde lo federal hasta lo local, así como la inaplicación y ruptura de los planes, programas, proyectos, así como desvío y/o subejercicio de los presupuestos en materia de seguridad”.
También aclaró que la solicitud presentada contra consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) no fue rechaza y seguirá en análisis.
El pasado mes de junio, el Colectivo Cuernavaca presentó la demanda de juicio político en contra de seis consejeros del Impepac al considerar un abuso que autorizaran un bono de retiro de aproximadamente 1.6 millones de pesos.
Respecto a las solicitudes de juicio político que presentó en abril de 2022 la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción en Morelos (FECC), el funcionario anunció que fueron desechadas hace tiempo.
La FECC judicializó tres carpetas de investigación por los delitos de ejercicio ilícito en funciones, enriquecimiento ilícito y falsedad de declaraciones en contra del mandatario estatal.
