- La administración estatal respalda su reelección pese a señalamientos por posibles violaciones constitucionales y omisiones técnicas.
El apoyo decidido de la gobernadora Maru Campos a la reelección de Héctor Acosta Félix ha generado un clima de tensión política, pues coincide con investigaciones federales relacionadas con presuntas irregularidades en auditorías realizadas bajo su mandato. La FGR y la ASF analizan su intervención en procesos que podrían haber vulnerado disposiciones constitucionales, especialmente en materia de fiscalización de recursos federales.
Entre los principales cuestionamientos destaca la auditoría forense sobre la deuda estatal, la cual habría sido elaborada sin considerar documentos fundamentales y basada en inferencias que carecen de sustento. Expertos señalan que el informe omitió el decreto legislativo que autorizó el refinanciamiento, elemento indispensable para evaluar la legalidad del proceso. Esta omisión ha llevado a organismos federales a cuestionar la solidez técnica del trabajo realizado.
Además, la auditoría estatal habría incursionado en atribuciones federales, al fiscalizar recursos provenientes de Participaciones Federales, sin contar con facultades constitucionales para ello. Este hecho ha encendido las alarmas entre especialistas y organizaciones que exigen respeto al marco legal de la fiscalización pública.
A pesar del contexto adverso, Campos ha defendido públicamente la continuidad del auditor, argumentando la necesidad de preservar la estabilidad institucional. Sin embargo, críticos consideran que la insistencia de la gobernadora podría interpretarse como una estrategia para mantener control político sobre el órgano fiscalizador.
Si las investigaciones federales confirman responsabilidades, el gobierno estatal podría enfrentar un cuestionamiento severo sobre su compromiso con la legalidad y la transparencia. La reelección del auditor, lejos de cerrar el capítulo, podría convertirse en un detonante de mayor conflicto institucional.
