Lo que nació con la promesa de ser el pilar del Sistema Estatal Anticorrupción en Chihuahua se ha podrido en el camino. Concebida como una institución independiente para auditar al poder y encarcelar a los corruptos, la Fiscalía Anticorrupción del estado es hoy una caricatura de sí misma: un apéndice subordinado y un arma de persecución política.
La realidad es inocultable. Bajo la gestión de Abelardo Valenzuela Holguín, la dependencia no llena los titulares por sus golpes a las redes de desvíos de dinero público, sino por el tufo de ilegalidad y sometimiento que emana de su propio despacho. Lo que debía ser un faro de imparcialidad terminó convertido en el centro operativo de las vendettas del palacio de gobierno.
El pecado de origen ocurrió en diciembre de 2022. Desde el día de su nombramiento, la llegada de Valenzuela Holguín estuvo marcada por el escándalo. La oposición legislativa lo denunció de inmediato: no buscaban a un fiscal técnico, autónomo y con credibilidad; buscaban a un operador leal. Sus nexos políticos y su indiscutible cercanía con el gobierno en turno dinamitaron cualquier asomo de confianza ciudadana antes de que siquiera tomara protesta.
Para una fiscalía especializada, la autonomía no es un accesorio, es su única razón de ser. Una institución que necesita pedir permiso o que actúa por consigna partidista no es una fiscalía: es un escuadrón de linchamiento.
El colapso de la credibilidad de Valenzuela llegó a su punto más álgido con el show mediático y jurídico montado en contra del exgobernador y actual senador Javier Corral. El caso no solo expuso la incompetencia técnica de la Fiscalía de Chihuahua ante los ojos de todo el país, sino que evidenció una burda simulación. Mientras las autoridades federales frenaban los atropellos locales en los tribunales, quedó al descubierto la verdadera agenda de Valenzuela: el revanchismo político por encima de la justicia.
Cada amparo perdido, cada conflicto competencial y cada ridículo jurídico frente a las instancias federales no han sido «desacuerdos técnicos»; han sido pruebas contundentes de una fiscalía atrapada en el lodo de la disputa electoral, operando con la brújula del interés cupular en lugar de la ley.
El daño colateral de la gestión de Abelardo Valenzuela es devastador para Chihuahua. Mientras el fiscal se desgasta en defensas mediáticas y batallas políticas para salvar su propia piel, las investigaciones reales duermen el sueño de los justos.
Cuando una Fiscalía Anticorrupción produce más escándalos que sentencias y más sospechas que resultados, la pregunta ya no es si está cumpliendo con su función. La pregunta incómoda, pero necesaria, es otra: ¿A quién protege realmente Abelardo Valenzuela y a cambio de qué?
Chihuahua sigue esperando una institución fuerte y libre de sospechas. Lo que tiene hoy, en cambio, es una oficina secuestrada por el poder, cuyo titular encabeza el fracaso más costoso del sistema de justicia estatal.
