Aguascalientes es un ejemplo “emblemático” de la práctica de la tortura en el país, aseveró la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Tras revisar 40 casos de tortura y malos tratos cometidos en dicha entidad entre 2010 y 2014, sostuvo que no fueron “excesos aislados, sino actos planeados, coordinados y realizados por funcionarios de la procuraduría estatal”.
En ellos también hubo participación y/o complicidad de diversas estructuras internas, particularmente de policías y agentes del Ministerio Público y médicos adscritos a la institución, dijo el representante de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado.
Refirió que organismos internacionales han caracterizado la tortura como una práctica generalizada en México, y los graves casos ocurridos en Aguascalientes, gobernado por el panista Martín Orozco Sandoval, “evidencian la realidad recurrente y extendida” de este fenómeno en el país.
La sistematicidad y complicidad, la consistencia de la información de los testimonios, las formas de la tortura, los perpetradores, “la falta de respuesta institucional adecuada”, entre otros datos contextuales, “corroboran una práctica sistemática” en dicho estado entre 2010 y 2014, resaltó al presentar el informe Hasta perder el sentido.
El contexto descrito, continuó, “creó una tormenta perfecta para la práctica de la tortura en Aguascalientes, con consecuencias graves para todas las personas, pero muy especialmente para las víctimas sobrevivientes”. Hoy, dijo, los casos “no han sido conocidos en su real dimensión ni atendidos con la urgencia que ameritan”.
Fernández-Maldonado expuso que entre las condiciones que facilitaron esta práctica “en forma sistemática” en la entidad destaca “una procuración de justicia incompatible con los derechos humanos en varios aspectos”. Desde la entonces procuraduría estatal “se buscaba promover la idea de que eran necesarias acciones de mano dura para abordar la situación de inseguridad y violencia”.
Otro factor, dijo, ha sido la falta de controles, transparencia y rendición de cuentas de la procuraduría, lo que derivó en “un cheque en blanco” para lograr resultados en el combate a la delincuencia, y el uso excesivo del arraigo como mecanismo para ejecutar y ocultar tortura y malos tratos.
La práctica de la tortura está llevando a personas que no han participado en el delito a que acepten la responsabilidad, en tanto que no se atiende a las víctimas ni su derecho a la justicia, mencionó.
“En México y Aguascalientes persiste una deuda de acceso a la verdad y la justicia con las personas sobrevivientes de tortura”, destacó.
FUENTE: La Jornada
